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Calificadoras y fondos, jueces y partes

Tacho Rufino | 22 de junio de 2011 a las 13:31

Una vueltecita de tuerca más al asunto de las más que nunca controvertidas agencias de rating. Leo ayer en Cinco Días un artículo de Myriam Fernández de Heredia, directora de Standard&Poor’s Ratings Soberanos y Finanzas Públicas para Europa, Oriente Medio y África. Doña Myriam es también máxima responsable de la agencia calificadora de riesgos en España. El artículo defiende, claro está, el papel y la utilidad pública y financiera que tiene su entidad y las otras homólogas (Moody’s y Fitch). De hecho, su artículo es una defensa corporativa, y no en el sentido de su propia corporación, sino que en su artículo hace corporativismo: defiende el papel de todas sin mencionar razón social concreta alguna. Les llueven palos a las calificadoras por todos lados: de los presidentes de los gobiernos, sean de Portugal y Grecia, claro, o de la mismísima Alemania; de las instituciones comunitarias; de la gente de la calle que sufre las consecuencias de sus dudosas calificaciones, tenidas por fraudulentas por la propia comisión del mercado de valores de Estados Unidos, la SEC (ver entrada anterior).

La tesis de Fernández de Heredia es tan clara en su enunciado como sospechosa y dudosa, a saber: en los últimos años, incluido el trienio de crisis que no cesa, las empresas y deudas soberanas calificadas como “de inversión” (las que tienen buenos rating de crédito, de AAA a BBB-) han sufrido mucha menos impagos que las por Fernández calificadas como “especulativas” (de BB+ a CCC). O sea, concluye ella: “Nuestras calificaciones son fiables”. Sucede que aquí es más que aplicable la retórica interrogante “¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?”. Que dos cosas estén asociadas (rating dado por la agencia y nivel de impago, en este caso) no implica en absoluto causalidad de una variable en otra. Es decir, ella da por hecho que como ellas califican con rigor y tino –en los casos Enron o Lehman Brothers., evidentemente no: una mala tarde la tiene cualquiera…–, las empresas y bonos estatales con buena nota no dan problemas a sus inversores; y la viceversa: si te suspendo, y alguien a quien gusta el juego duro invierte en esos valores cn bajo rating… el arriesgado puede sufrir más el impago. Pero no tan así como debiera, ni mucho menos.

La realidad puede muy bien ser otra, por diversas cuestiones. Una, la mayoría de los bonos de deuda pública y privada se pagan y cobran por los deudores y acreedores, respectivamente. Dos –gallina o huevo–, son precisamente las calificaciones crecientes o menguantes lo que estimula movimientos especulativos potencialmente muy dañinos para la gestión de la tesorería de muchos países (véase España), que se ven obligados a emitir deuda con unos sobreprecios (el diferencial sobre el bund alemán, al llamada prima de riesgo), lo cual erosiona la capacidad financiera futura de millones de personas y la credibilidad y competitividad de los estados en los que viven, trabajan, pagan impuestos y cotizan. 3, más bien una conclusión: las dudosas calificaciones de las agencias de riesgo no sólo no dan confianza al mercado financiero, sino que lo pervierten y lo hacen susceptible de la especulación de aquellos pocos que tienen gran información, también llamada información asimétrica o, directamente, privilegiada… no pocos fondos de inversión y las agencias no son independientes en muchos casos, ¿qué más necesitamos saber? Por ello, atrevámonos con una 4ª consideración, hace falta regular su actividad, controlarlas, en su caso sancionarlas, e incluso suspender su actividad, como quieren hacer en Estados Unidos, donde tiene sus sede central al menos (Fitch la tiene también en Londres) dos de las tres principales. Su honorabilidad está en entredicho, pero siguen ejerciendo el peligroso cetro que otorga rango de fiable, regular de fiable, no fiable o basura. Una agencia “más” independiente, quizá de rango comunitario, podría hacer de contrapeso a estas instituciones informalmente todopoderosas, tan jueces y tan partes.

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