El ‘otro’ dilema fiscal

Tacho Rufino | 16 de abril de 2012 a las 13:48

EL dilema fiscal principal al que se enfrenta España es presupuestario: o recortar sin plan ni programa al ritmo de los ataques -sean de pánico razonable o planificados- contra nuestra deuda pública y, a la postre, contra nuestra economía tambaleante, o consensuar por la vía de emergencia nacional planes de eficiencia en el uso de los recursos públicos, incluidas la sanidad y la educación. Esta última opción, más soberana y razonable, no ha sido puesta encima de la mesa ni por el Gobierno anterior ni por el vigente. Ambos -cada uno en su estilo y con sus circunstancias- han ido soltando lastres para mantener al globo en el aire, de forma atribulada y a instancia de parte; mejor, de dos partes: los inversores globales, y las instancias monetarias y gubernativas comunitarias, cuya práctica habitual es decirte: “Vas bien, muchacho”, pero no reaccionar ante las oleadas contra España, consiguiendo con su dontancredismo que España se vea forzada a nuevos sacrificios. El último lastre lanzado por la canastilla ha sido de 10.000 millones: “Vale, vale, tranquilos, si no os ha gustado el presupuestito español, y dado que mi prima de riesgo se fue a máximos, mi Bolsa a mínimos y estamos muy asustados y ustedes no nos echan una mano en el mercado de segunda mano… ahí van más vírgenes”. La intervención hace de hombre del saco: uh, uh, que viene que viene. Pero hay otro dilema fiscal flotando sobre nuestro destino, decisivo para la definición del tipo de sociedad en que vamos a convertirnos: ¿seremos un país sacrificado que paga sus impuestos, porque si no el Estado se acabará vaciando hasta no ya ser otra cosa, si no nada? ¿O nos tiraremos de cabeza a la selva de la economía sumergida y, por tanto, degradada?

España es un país católico, y eso, en lo cultural, no significa precisamente cumplidor con sus obligaciones fiscales. Una religión exangüe, de fugaz remordimiento, en la que el pecado dura lo que tarda uno en decir los pecados al confesor (no disparen al pianista: lo anterior lo afirmó el Arzobispo de Milán, Carlo Maria Martini, en una entrevista en 2009) debe de tener que ver con nuestra cultura fiscal. En mi infancia, nadie pagaba impuestos sobre la renta, porque no eran obligatorios. En mi primer trabajo, el Impuesto de Sociedades era un mero paripé. Poco a poco hemos ido tomando conciencia, y atrás -no muy atrás, pero atrás- quedan los días en los que los evasores y defraudadores de todo pelaje no sólo campaban a sus anchas, sino que algunos presumían de ello. El Gobierno anuncia amnistías fiscales para los maletines del paraíso fiscal, lo que -siendo un recurso feo pero válido- va en contra de la regeneración impositiva del español, y además es tan dudosa que parece solamente querer encubrir la inminente subida del IVA, que es mucho más cierto como partida presupuestaria. El problema es que la recaudación cae año tras año en la mayoría de los impuestos. El problema, en el fondo, es la satanización de la inversión y el gasto públicos que señorea en esta Europa, pero ése es otro cantar más filosófico. Eso es cante jondo.

El año pasado, el Ministerio de Trabajo ofreció una amnistía laboral para que la gente se diera de alta tras haber estado sin contrato -¿a que no lo recuerdan?-. La medida fracasó. Es muy probable que, en vez de convertirnos en unos nuevos protestantes que piden la factura al escayolista con su IVA y todo y chivatean al vecino que innova demasiado con sus impuestos y al tendero que revolotea en el limbo laboral, nos convirtamos en un país de billetes sucios y arrugados, de chapús. Un país con más morbo mafiosillo. No nos va a hacer falta viajar a países exóticos a trajinar y regatear sintiéndonos un Jack London de plástico, que viaja ida y vuelta con Viajes El Corte Inglés. Seremos poco a poco más salvajes. Entre otras cosas, porque no hay dinero (?) para dotar con más y más eficaces medios al control tributario público -el autocontrol calvinista queda aquí descartado-, un control que se relajó muchísimo en los días de vino y rosas.

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