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Elabore su receta presupuestaria

Tacho Rufino | 3 de septiembre de 2011 a las 17:04

MARÍA Dolores es la más fuerte del Partido Popular. La puesta en escena de la visibilísima presidenta de Castilla-La Mancha (y otros cargos, veremos en dónde acaba), el pasado miércoles, ha sido deslumbrante, e incluso acongojante: envida a la grande Cospedal, y se propone reducir el gasto público ¡en un 20%! Quién nos iba a decir que la de natural austera y periférica región manchega iba a ser el objeto de todos los focos preelectorales y la madre de todos los planes de austeridad por venir (demos por hecha la victoria popular en noviembre). Entramos de lleno en los dominios de la política fiscal, la única política económica posible hoy. En cómo el aspirante a gobernar lanza sus mensajes a los ciudadanos, buscando ese equilibrio -¿equilibrismo?- que los partidos se ven forzados a encontrar entre el su sustrato ideológico y la necesidad de gustar -o no disgustar- al gran público votante. Tras advertir Cospedal de la “bancarrota” en que encontró el PP las arcas autonómicas manchegas, la combinación de variables de política presupuestaria que se recete para La Mancha es la que esencialmente se cocinará a nivel estatal de forma más compleja.

Después de ofrecer al alimón PP y PSOE sacrificios a Alemania y a los inversores financieros abriendo la caja de Pandora de la reforma constitucional (el nacionalismo parlamentario ya pide el derecho a la autodeterminación por la misma vía), el acuerdo sobre política fiscal ha quedado ahí… y en que todos defienden el mantenimiento del gasto social: faltaría más a tres meses de las elecciones y con unos 5 millones de parados oficiales. Muchas posibilidades de manejar los presupuestos públicos no hay. Reducir el gasto y/o aumentar los ingresos. Para lo primero, el recorte vía amortización de personal, reducción de salarios públicos y mutilación de inversiones en infraestructuras son de efecto inmediato. Cospedal, aparte de otras medidas más cosméticas, anuncia esta receta, y de forma drástica: si no, no sale ese 20% ni haciendo malabares. Los planes de eficiencia en la gestión pública quedan para las grandes palabras: llevan tiempo, concienciación. Y mano dura, coerción y perseverancia. Sin embargo, la cirugía exprés merma el nivel de empleo, provoca la contracción del consumo privado y público, más un paralelo aumento de los costes sociales, por coberturas de desempleo (España paga 2.500 millones de euros mensuales por este concepto), subsidios y otras ayudas. El recorte, pues, produce ahorros, pero también supone costes, y atonía económica.

Hay pocas vías para aumentar los ingresos públicos. Primera y muy silenciada, evitar las fugas de ingresos mediante formas de economía sumergida. Hoy, con la que cae, la coartada es ubicua: “Antes que Hacienda está mi familia”, decimos antes de abrir el grifo y ver que, aleluya, sale agua, o antes de coger el coche para ir en autovía sin peaje a pasar el finde. El fraude fiscal y la economía sumergida -la de subsistencia y la pícara- son enormes en España, y son puro presupuesto público evaporado. Segunda, aumentar los impuestos al consumo: subir el IVA, o la gasolina, la cerveza o el tabaco. Que en su conjunto -más allá de maquillajes: la presión fiscal por este concepto- los impuestos indirectos no subieran en los próximos años sería milagroso. Si bajan, nos quitamos el cráneo, como diría el Don Latino de Luces de bohemia. Tercero, la vedette fiscal: los impuestos directos, los que gravan las rentas del trabajo y el capital de las personas y empresas. Se pagarán más multas, y más por contribuciones urbanas y por sellos de coches: a ver qué ayuntamiento los baja. Y las clases medias pagarán por IRPF como mínimo lo mismo que actualmente. En un mitin te dirán lo de “los ricos” pagando más -pero, ¿de cuándo ha pasado eso, por Dios?-; en el de enfrente, que bajarán los impuestos. Veremos. ¿Qué haría usted si su hacienda fuera la Hacienda española?

¿Quién quiere a la Justicia?

Tacho Rufino | 4 de abril de 2010 a las 8:40

USTED, empresario o autónomo, deja de pagar las cuotas de la Seguridad Social de uno de sus trabajadores porque el mes ha sido pésimo, o bien deja de cumplir su obligación para que sea la propia Seguridad Social la que lo financie a usted temporalmente, y en ambos casos es muy probable que le pillen más pronto que tarde, y que le caiga una sanción estupenda. Si usted olvida meter en su declaración de la renta unos ingresos poco habituales obtenidos, pongamos, en una conferencia, no dude que la Agencia Tributaria le hará llegar un sobre con una bandita rosa a su buzón, con una amenaza farragosa o, directamente, con una complementaria. En uno y otro caso, es de ley que sea así: con los dineros de todos no se juega, ni se trampea, ni se debe ser olvidadizo. Sin embargo, para otras cosas, la Administración -las administraciones, cabe decir a la vista de la metástasis competencial española- es letalmente lenta y, en apariencia, muy indolente. La clave de este trastorno bipolar en el servicio público está en que, mientras que Hacienda y la Seguridad Social son generadores natos de ingresos, otros servicios públicos son puro gasto… y se los condena al cartapacio, al archivo criadero de ácaros y a la postración tecnológica. Véase, la Justicia. Con los impuestos y la cotizaciones no se juega; la Justicia es, volviendo por pasiva la cita clásica pachequiana, cachondeable. En España, alguien -un alguien de a pie, no un narco o un terrorista- no se persona en un juicio en el que se aportan pruebas en su contra, y no le pasa nada, por mucho que por ello se evaporen recursos de particulares, y no digamos de los juzgados. En España, usted demanda a alguien por algo, y ese alguien puede seguir media vida haciendo ese algo que a usted le daña, tan ricamente. En España, si una persona en un juzgado pusiera una y otra vez su carpeta en último lugar, su reclamación o recurso se queda en el limbo sin más explicación ni responsabilidad. En España, para más inri -hoy toca el término-, la gente comienza a demandar ante la Justicia por cualquier nimiedad, sin intentar arreglarse antes con la contraparte. Tutto sommato, un puttanaio, como decía un cómico italiano. La causa de la dejación en la reforma judicial está en buena parte en los intereses del Ejecutivo. Un poder que debe ser controlado por el Judicial a la luz de la producción del Legislativo. Pero más allá de un Montesquieu al que respetamos profundamente pero que en absoluto conocemos en profundidad, la cuestión es que al Ejecutivo -identificable con una partitocracia creciente y alternante- no le interesa el control judicial. Por mucho que el juez Castro haya decidido masacrar a un político corrupto, Matas, esta semana, por medio de un auto inaudito por su crudeza. ¿Un precedente para acabar con la bestia de la corrupción política? ¿O un chivo expiatorio (al parecer, un chivo muy mangante, el ex ministro y ex presidente mallorquín) para apaciguar la ira de la gente contra los políticos en las conferencias universitarias y los palcos de fútbol? Las más necesarias reformas estructurales son las de la Justicia y la Educación. Y no producirían efectos a corto plazo, luego no las aborda nadie… ¡Con todas las elecciones que hay que dilucidar! Sin una Justicia medianamente rápida, la vida mercantil y civil está castrada, le faltan cilindros. Pero a los partidos este marasmo les viene cómodo, y no afrontan su reforma cuando ostentan el poder. La penuria presupuestaria pública es una nueva coartada. Por ejemplo, la Junta de Andalucía recorta su organigrama… ¡eliminando la Consejería de Justicia!