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Leña al funcionario, que es de goma

Tacho Rufino | 23 de noviembre de 2010 a las 14:10

  1. ¡Datos, datos! España tiene un número de funcionarios en relación con su población empleada por debajo de la media de la UE-15 (países que pertenecían a la UE antes de la ampliación hacia el Este; es decir, los en principio más desarrollados): un 13% frente a un 16%. Dentro de la Europa rica, Dinamarca (26%), Suecia (22%) y Finlandia (19%) no sólo son los que mayor número de funcionarios emplean, sino que también son los países que, según un reciente informe de la OCDE, cuentan con una economía más eficiente y emprendedora. ¿Quiere eso decir que, a mayor número de funcionarios, más competitiva es una economía? Claro que no, pero tampoco lo contrario, al menos como irrebatible axioma. Dos datos más: según datos de 2008 (no los tengo más recientes, si es que los hay), la población de empresarios y autónomos españoles es porcentualmente superior a la de la mencionada UE-15… pero también España cuenta con un porcentaje excesivo de empleados de baja cualificación (muchos de ellos empleados en la construcción), más propensos a ser despedidos. Es ésta una de las causas de que los porcentajes de funcionarios vayan creciendo en España: no se contratan más, no, sino que mantienen sus puestos, mientras que el denominador del ratio (la población empleada) se reduce. Sólo un dato comparativo más: la comunidad autónoma española con menos funcionarios es Cataluña (8,5%); la que tiene más, Extremadura (23%); Andalucía, un 15,6%. Ah, otro más: funcionarios puros y “de ventanilla” son pocos: una cuarta parte del total. La mayoría son médicos y sanitarios, policías y militares, maestros y profesores (alrededor del 75%). Por ello el gasto de, por ejemplo, la Junta de Andalucía es en más de un 70% dedicado a Sanidad y Educación públicas.
  2. Salarios (bueno, también son datos…). Los salarios de los funcionarios se han recortado de una manera sensible, hasta el 15% (de momento, los únicos que siguen la doctrina Krugman: “España debe reducir salarios y precios en un 20%”, dijo el Nobel en la CEA hace unos dos años; a la bajada de precios, ni se la espera). Sus pagas extras se han reducido a la mitad para este diciembre y para el año que viene. Debemos, además, recordar que los salarios de la función pública han estado años congelados, en gobiernos de distinto signo, con apreciable pérdida de su poder adquisitivo. La masa salarial privada, por su parte, se ha visto reducida por los despidos, y no tanto por recortes salariales. Los salarios públicos son seguros, pero han sido reducidos notablemente, en la mayoría de los casos a sueldos, en los mejores casos, mileuristas. Recortar ahí es lo más fácil para reducir el déficit público. Así se ha hecho, y se amenaza con más (Plan B de Salgado, apuesto yo).
  3. ¡Oh, la productividad! La productividad es otro cociente, que divide ingresos entre gastos, o salidas entre entradas, o outputs entre inputs. La productividad laboral tiene como denominador (el de abajo del cociente o ratio) el salario de los empleados. En el caso de los públicos, es difícil cuantificar los ingresos (el numerador), ya que son ingresos “sociales”: funciones que asume el Estado porque no son rentables mercantilmente, pero son necesarias para que no nos comamos a bocados por la calle o no se muera la gente de un resfriado mal curado; o pueda ir al cole el hijo de tu asistenta o el tuyo mismo (en Bélgica los colegios más deseados son los públicos;cuando se trata de salud, aquí, a unas malas, al Hospital público de cabeza); o para poder desplazarse de un sitio a otro, o para hacer frente a inclemencias y catástrofes, o para poder llamar para que saquen a un ladrón de tu casa (sin pagar); o para poder denunciar a quien lesiona tus derechos y, si la Justicia te da la razón, no pagar ni un duro; o para… mil cosas –funciones públicas– que algunos se empeñan en jibarizar y privatizar: son el origen de todos los males, en vez de un logro valiosísimo. Debe controlarse la eficiencia del gasto, y más en los tiempos que corren. Por ello, se plantea –por boca del vicepresidente Chaves– vincular salarios públicos a la productividad. Eso está muy bien, y de hecho se hace en algunas instituciones, pero para que veamos cuán procelosa es la medida de la productividad en cualquier trabajo, pero más en lo público, traigo aquí una frase de un experto (Francisco Longo, profesor de dirección de Recursos Humanos del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública. ESADE) en un artículo de El País, antes de ayer: “¿No sería lógico evaluar a los docentes, entre otras cosas, por los resultados académicos obtenidos por sus alumnos?”. ¿Lógico, por Dios? Yo soy profesor, y el aprobado general, según el profesor Longo, es la mejor manera de hacerme un profe muy productivo. Sólo un botón de muestra, como digo, para tener cuidado con los indicadores que se utilizan, o que proponen quienes de esto saben. Como dice la teoría, el indicador debe ser preciso, relevante, pertinente… ¡medir lo que tiene que medir! ¡Que el trabajo se hace bien y en plazo! Quienes han trabajado en la empresa privada –quien suscribe, por ejemplo– saben cuán perversa para la propia empresa puede ser la soberanía del indicador: se busca satisfacerlo a cualquier costa, y atajos siempre hay. Más vale controlar horarios y cargas de trabajo en relación a medias objetivas que lanzarse a genialidades de aparente Perogrullo, como ésta de evaluar al profesor por los aprobados que da.

De la zozobra al debate, por fin

Tacho Rufino | 1 de febrero de 2009 a las 20:13

ENTRE el bombardeo de decálogos de valores obámicos y de planes inmediatos del nuevo Gobierno de EEUU, probablemente la verdadera ventana abierta a la esperanza que nos abre el todavía gran Barack es la que se resume en esta declaración suya: “Hay que acabar con la tiranía del petróleo”. No con el petróleo: con su tiranía. Aleluya. Si hay algo crucial para el futuro inmediato del planeta es cambiar los insostenibles paradigmas energéticos aún vigentes, personificados en una lucha por el petróleo que ha envenenado a la Tierra entera en las últimas décadas. Por medio de la guerra más cínica -a mí me engañaron como a un niño-, el mundo se ha acercado peligrosamente a aquel Mad Max luchando por una gota del elixir del fin del mundo. La ciega política exterior de un Gobierno Bush íntimamente ligado a la industria del crudo ha acentuado la carrera hacia ningún sitio, o hacia ninguno bueno. Llamar tirano al petróleo -ahí es nada, viniendo de la Casa Blanca- es como decir que Gran Bretaña va a integrarse en la eurozona y que las libras van a quedar para el mercadillo de Portobello: algo impensable… sólo antesdeayer. Cosas veredes, amigo Sancho.

A nivel doméstico, otros asuntos críticos acaparan el debate público, más allá del crápula que pretende a Cayetana, del trabajito en el Congreso para Izaskun o de si Florentino vuelve al Madrid. Como tras el Desastre del 98, la opinión pública a la que le duele España da un paso adelante tras lamerse las heridas, y deja de lamentar la crisis y de buscarle culpables. Pasamos, así, a debatir temas de mayor calado, que habían quedado silenciados durante años por el incesante clin-clin de las cajas registradoras, las palmas al compás y el crujir de las cáscaras de gamba bajo las suelas. Entre estos debates de futuro están: las pensiones;la educación; la función pública; hasta dónde debe el Estado ayudar; la energía nuclear, y la responsabilidad social de las empresas, particularmente de la banca. Intentaremos dibujar una silueta brevísima para una de estas zonas de discusión, todavía no demasiado contaminada por el inane desencuentro político hispánico: las pensiones.

Nuestro botijo poblacional no garantiza que la multitudinaria cohorte de españoles en vías de jubilación reciba lo que está previsto: pocos contribuyentes o activos para muchos pensionistas o pasivos (no olvidemos que, también y en buena parte, la pensión se la paga uno año tras año durante su vida laboral), situación agravada por el parón de la inmigración y las penurias presupuestarias derivadas del bajonazo económico. Aunque otras partidas sí son financiadas sin contrapartida (el gasto militar, o la legión de asesores y recolocados políticos: llámenme demagogo), las pensiones deben autofinanciarse, como parece decir una ley no escrita. De paso, la controversia pone encima de la mesa un hecho que pasa desapercibido. Me propone un amigo, abogado y escritor, la siguiente pregunta: ¿Por qué cobra la misma pensión pública alguien que no tiene hijos -ni gastos por ello- que alguien que sí los tiene, cosa -tener hijos- no sólo conveniente para el país, sino para los propios pensionistas presentes y futuros? Un dato sin maldad: la renta disponible del colectivo homosexual se valora en más de una vez y media la de un padre o madre, y no siempre aquél es más inteligente o trabajador que éstos. Espero que el orgullo gay no nuble entendimiento alguno, y que esto que digo no se vea como una treta homófoba: la asimetría deviene de lo que podemos llamar “inversiones y gastos necesarios para la explotación”, en los que unos incurren y otros no. Sobre los solteros o casados sin hijos -que están en ese mismo segmento a efectos de lo que nos ocupa-, desconozco proporciones sobre su renta disponible en comparación con los que, por las circunstancias que sean, sí acabaron siendo progenitores. En fin, por fin, tras un año de trayecto desde la autocomplacencia a la zozobra, emprendemos otro desde la zozobra al debate de largo recorrido.