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El virus del ayuntamiento moroso

Tacho Rufino | 11 de octubre de 2010 a las 12:09

Durante mucho tiempo, más de cuarenta años, España fue administrativamente francesa, o sea, centralizada en la Administración capitalina ¿Era éste un rasgo propio de una dictadura que concentra todo el control en la capital del Estado y lo hace fluir por sus delegaciones provinciales? Sí por un lado, porque de hecho España tuvo en la República un alto grado de descentralización territorial hacia la Cataluña y el País Vasco (a mí, que no soy historiador, me sorprendió descubrir por medio de un libro de Vázquez Montalbán, Galíndez, que el País Vasco tuvo un representante en Estados Unidos, Jesús de Galíndez, cuando eso equivalía a tener un representante en la ONU, que entonces no existía). Pero no por otra parte, dado que la centralización política española es un rasgo administrativo heredado de nuestros tiempos franceses, mucho antes del régimen de Franco. De hecho, Francia sigue estando así organizada, a pesar de Bretaña o Córcega, que cuentan con ciertos rasgos autonomistas. Y nadie duda de su democracia.

Según se argumenta generalmente, la transición a la democracia en España al morir Franco en 1975 exigía un Estado de las Autonomías que, tras un primer arreón selectivo hacia las nacionalidades históricas, se generalizó bajo el lema de “café para todos”. He ahí el germen de parte de la difícil sostenibilidad presupuestaria española: el Estado nunca ha acabado de soltar poder y competencias (como para muchos es de ley), y las autonomías han acaparado cada vez más poder y competencias. En ese proceso, se han producido duplicidades, solapamientos e hinchazones en forma de plantillas de personal, funciones, empresas públicas, fundaciones, altos cargos, y no tan altos. En parte, porque el Estado y sus sucesivos gobiernos han ido transfiriendo funciones, por los motivos que sean (motu proprio, legalidad, pactos electorales, pactos parlamentarios). En parte también porque, tras soltar dichas competencias, no ha querido soltarlas del todo. Los partidos en el poder autonómico, por su parte, se han en cargado de mantener viveros de votos alimentados con nóminas públicas, en algunas regiones (con perdón, pero lo son) instalándose en el gobierno autonómico de forma vitalicia. Recordemos que el gasto principalísmo de, por ejemplo, la comunidad autónoma andaluza corresponde a sanidad y educación.

Y a un cierre de foco más están las corporaciones locales. Si hacemos caso omiso de las diputaciones provinciales (que ya es hacer), llegamos a los municipios y sus ayuntamientos. Éstos se han nutrido financieramente de transferencias públicas, impuestos propios, ayudas comunitarias directas o vía estatal, crédito bancario… e ingresos por recalificaciones y obras. El suelo ha dado un gran poder a los ayuntamientos, hasta a algunos minúsculos y carentes de estructura ni cualificación que, con los dineros de las promotoras y constructoras (digamos que legalmente, o sea, omitiendo la financiación B de partidos y los trinques personales), han ido creciendo en dimensión de una manera exponencial: infraestructuras, servicios públicos, fiestas, cooperación internacional viajera, de todo. Durante el tiempo en que los ingresos seguían entrando fluidamente, todo bien. Cuando la banca ya no quiere financiar (y el Gobierno avisa que “el endeudarse se va a acabar”), las transferencias públicas se recortan o se dejan de pagar, el parón de la actividad económica seca los ingresos por fiscales locales, y las promotoras no sólo no aportan fondos sino que los exigen en forma de infraestructuras y acondicionamientos pactados… el castillo presupuestario podría venirse abajo. En esas estamos: tras las noticias de hace algunas semanas acerca de exigencias judiciales de las patronales de la construcción a los ayuntamientos que dedican los dineros a otras cosas que las pactadas (ver), hoy sabemos que las grandes constructoras van a apretar a los ayuntamientos para que paguen lo que deben. La mora pública es un grave problema. Y la local, también.

Hace falta cabeza para no llevar a las ciudades al marasmo económico, que puede sustanciarse no sólo en la incapacidad de mantener las infraestructuras en uso un razonable y dar los servicios asumidos, sino en retrasos en pagos de personal. Un personal que, recordemos, es el bastión que apuntala un consumo menguante, esos que llenan todavía a principios de mes el carrito del Mercafour. ¿Políticas posibles?: limitar la financiación de los municipios y no prohibirla; reducir o dejar de financiar públicamente los fastos improductivos al mínimo –ojo, los hay muy productivos para algunos ayuntamientos, ferias o semas santas, pero los hay que son ruinosos–; no financiar indefinidamente unidades de negocio con personal muy protegido y bien pagado, que son pozos sin fondo a los que se debe reanimar de la quiebra técnica año tras año. Menciono estas políticas generales, porque la otra opción –la de subir los impuestos locales indefinidamente– ha dejado de ser un recurso.

Austeridad y estímulo, ¿incompatibles?

Tacho Rufino | 30 de agosto de 2010 a las 14:34

ayuntamientos

CANINA MUNICIPAL

MUCHOS presupuestos, sobre todo públicos, se aprueban cuando los dineros de las partidas de gasto están ya consumidas. Con los ingresos pasa igual: hasta que se producen, alguien los financia; un banco, el Estado. Por ejemplo, los ayuntamientos españoles, sin diferencia de credo ni región, reciben anticipos del Estado, que se estiman en función del pasado reciente de las cuentas municipales: si ingresé X en 2007, ingresaré X más algo en 2008, y así sucesivamente. El IVA es el impuesto que nutre mayormente estas trasferencias anticipadas. Pero 2008 no fue un año normal, cosa que, claro está, se debía haber tenido en cuenta al valorar los anticipos. Y en él se produjo el desplome histórico de la recaudación por IVA, que está vinculado al consumo, a la compra de casas y coches y a casi cualquier transacción. Los adelantos de ese 2008 se han demostrado, a la luz de la actividad real, exagerados (2009 va a ser otra bomba de relojería para muchos presupuestos locales). El Estado dice que los ayuntamientos tienen que devolver lo que se les adelantó de más. El problema es que esos dineros están archigastados. ¿Qué hacer ahora? El Estado reclama 600 millones. Algunos ayuntamientos piden plazos; otros, como Manresa por boca de Josep Camprubí, alcalde del PSC, dice que no se debe devolver “ni un duro”. Otro alcalde catalán, Lluìs Recoder, esta vez de CiU, dice que esta situación es “escandalosa”. No dice de quién es culpa el escándalo: de su propia gestión, del Estado que reclama lo que prestó de más, o si es escandalosa, un poner, la actitud del maestro armero. Los ayuntamientos grandes se han endeudado tradicionalmente muy por encima de los ratios razonables, pasando la patata caliente al que venga detrás (las grandes obras quedan hechas y con su placa atornillada), y a sabiendas de que hay mucho voto en el municipio, y que papá Estado no va a dejar abandonadas a sus criaturas. Un padre que no deja de toser y encorvarse.

AUSTERIDAD O ESTÍMULO
austerity
El propio Estado -o, mejor, el Gobierno central- se debate entre el debe y el haber de su próximo presupuesto, recortando allí (presupuestos ministeriales, nóminas públicas, obras públicas, gasto social) e intentado alargar allá (subida del IVA y otros impuestos, venta participaciones de la SEPI en Iberia, Ebro o EADS… ¿algo más? Ah, sí, devolución de exceso de anticipos dados a los ayuntamientos).

Ante el adelgazamiento y debilitamiento del Estado que, paradójicamente, viene por la mano de un Gobierno de izquierdas, debe ser bienvenida la suavización en el recorte automutilador que Fomento iba a propinarse en obras públicas programadas, e incluso en las licitadas. Y no ya porque creamos o no en el multiplicador keynesiano, que podría ser enunciado, con permiso y disculpas a la academia, así: “Efecto benéfico sobre la actividad económica y la creación de empleo que tiene la inversión del Estado mediante el gasto público”. ¿Que eso valía para la segunda posguerra mundial y es una falacia hoy? No lo sabemos bien, pero sí sabemos que meter 700 millones más de obra pública evita decenas de miles de nuevos parados: la gran debacle del empleo de la construcción estaba por venir. Y contenerla es una gran prioridad ahora. El Gobierno, alternativamente, podría no haber recortado los salarios públicos y no mermar el consumo, pero optó por eso ante la presión exterior… y la de la cruda realidad.

Sea como sea, y faltos de elixires quirúrgicos e incrédulos de los crecepelos, los 700 de inversión recuperada van a apuntalar unos buenos miles de empleos (y empresas). Por un tiempo, al menos. El largo plazo no existe sin el corto. Por supuesto, habrá quien diga que el anuncio de recorte del recorte de 6.000 y pico se hizo para hacerle el trile a la UE y a las agencias de rating, y que las obras recuperadas son para nutrir criaderos de votos. O para contentar a constructoras afectas. Pero bueno.

(Este artículo se publicó el sábado 28 de agosto en papel. Como a lo largo de la semana, el domingo encontré reportajes sobre la precaria situación de las corporaciones locales –que tendrán prohibido endeudarse desde el año próximo– e incluso la petición de la alcadesa de Cádiz, Teófila Martínez, de que se rescate a los ayuntamientos como a los bancos. El editorial de las cabeceras Joly del domingo desmontaba la queja acerca de la Andalucía beneficiada por ser vivero de votos: vean las cuentas y no disparen siempre al mismo lugar.)

A por nuestro ‘Berluscónez’

Tacho Rufino | 24 de mayo de 2010 a las 14:34

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En Irlanda, Reino Unido y Alemania, lo que más se cuecen son patatas; Francia es un país “adorable, a pesar de que comen algo tan asqueroso como los caracoles” (Woody Allen), previamente cocidos; mientras, en Italia lo que se cuece a cualquier hora es pasta. En Grecia algo cocerán, pero lo que más abunda es el ciudadano frito. Sea como sea, en todos esos sitios cuecen habas. Las habas difíciles de tragar de los planes de recorte presupuestario públicos.

David Cameron ha planteado un duro recorte del gasto británico, dado que su déficit -como el español- es casi cuatro veces mayor del establecido como máximo en Maastricht… además de subir los impuestos por patrimonio y por renta (algo, en ortodoxia, poco de derechas). Alemania no ha cuantificado sus ajustes, pero Merkel dice que los hará, suponemos que para dar ejemplo, a la vez que plantean “prohibir el déficit público”, que es como prohibir las flatulencias -válvula de escape, al cabo- en el propio domicilio (en tiempos de turbación suelen llegar los ataques normativos tajantes). Los periódicos extranjeros de referencia alaban las medidas tomadas por España, y en todos subyace un cierto canguelo por el potencial mazazo de un default español (como Zapatero, “no doy crédito” a este escenario). Le Figaro, por ejemplo, las tilda incluso de “radicales” -por drástico, más que de raíz-.

Centrémonos un poco en Italia. Según informaba Il sole (ver) el miércoles, las regiones ricas siguen en su empeño de lograr un sistema federal, principalmente por boca de Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, que ha superado un ictus y aprieta pero no afloja en sus reclamaciones: “El federalismo no cuesta, incluso ahorra”. De todas formas, y de forma similar a lo que pasa en España, las reclamaciones nacionalistas allí se escuchan con la sordina de la inmediatez y mayor importancia de La Crisis. España no es Grecia, pero tampoco se parece a Italia como muchos creen aquí. La estructura industrial italiana, en algunos sectores decadente, y basada en distritos repletos de pequeñas empresas familiares, fue y todavía es la envidia de Europa. Mientras, en crear virreinatos autonómicos (con y sin sentido) difíciles de manejar y sostenerlos conjuntamente llevamos ventaja, y ellos pueden aprender de nuestros grandes excesos. En algo Italia nos ofrece enseñanzas. Allí gobierna el inefable Berlusconi (y otros antes de diversísimo pelaje), tras cargarse los votantes al bipartidismo de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, harta la gente de corrupción, ineficacia e ineficiencia. Descreído, el pueblo votó fragmentadamente, punitivamente, desencantadamente, casi a cualquier cosa. ¿Se imaginan algo así aquí? Cómo no.

(Este artículo fue publicado el domingo en El Periscopio, Grupo Joly)

‘Mafo’ no tiene pelos en la lengua

Tacho Rufino | 14 de abril de 2010 a las 10:25

El gran pepitogrillo del Gobierno español no es –como debiera– la Oposición, dedicada a apagar sus propios fuegos y a hacer como que critica y se opone. Ni mucho menos: es Miguel Ángel Fernández Ordóñez (alias Mafo), gobernador del Banco de España, que fue nombrado a instancias del propio Gobierno. El Banco de España se convirtió en una institución capitidisminuida cuando la asunción del euro privó de ejercer la política monetaria a los países de la Eurozona y la centralizó en Frankfurt, sede del Banco Central Europeo. Sin embargo, la crisis económica y bancaria –gallina y huevo– han vuelto a dar centralidad a la figura del banco central español, y las advertencias de su gobernador no sólo afectan a lo suyo (la crítica situación crediticia y el turbulento panorama de fusiones de cajas), sino que se dirigen a la política económica de Zapatero, y a las perspectivas económicas generales de España.

Los temas en los que Mafo habla sin pelos de talante buenista en la lengua van desde el mercado laboral (al final, el Gobierno acaba tomando la senda que Mafo les marcaba, equilibrar el despido en la España bipolar, a pesar de los berrinches del ministro de Trabajo, Corbacho, ver artículo Fede Durán de hoy) a las perspectivas inmediatas y a medio plazo de la crisis vigente. En esto último se ha metido esta semana: según Ordóñez, España va a levantar cabeza, poco a poco pero sufriendo. España va a recuperar tasas moderadamente positivas de crecimiento del PIB (que es como suele medirse el crecimiento económico de un territorio). Sostiene Mafo que esto va a suceder… pero sin que el empleo sufra la misma mutación al alza. O sea, nos vemos ante un panorama de crecimiento débil y paro estructural o crónico muy alto: “un riesgo españolísimo”. Esto implica mayores gastos sociales para sustentar mínimamente a los parados y a los menos empleables por baja cualificación, edad o lugar de residencia (ver artículo de Aurioles de hoy). Lo cual, a su vez, drena la capacidad de inversión pública: con mucho menores ingresos y mucho mayores gastos, los presupuestos de cualquier individuo, familia, ayuntamiento, comunidad autónoma o país se contraerán severamente, dado que además la capacidad de endeudarse es cada vez más limitada, no sólo por los niveles actuales de deuda pública, sino por las exigencias de estabilidad de Maastricht (vulneradas por todos, eso sí). Ojalá se equivoque esta vez el gran y ahora necesario pepitogrillo de nuestra economía.