Una condena previa

fperez | 24 de abril de 2018 a las 6:00

CUANDO un policía se sienta en el banquillo de los acusados, parece que se invierte la carga de la prueba. Es decir, un agente acusado tiene que probar su inocencia y no que, como ocurre con cualquier otra persona, sea la Justicia quien demuestre su culpabilidad. Suspender durante casi tres años a seis policías nacionales por una denuncia de una pareja que vendía tabaco de contrabando en una tienda de alimentación parece no sólo una medida desproporcionada, sino toda una condena previa y una imposibilidad de defensa para los agentes.

Los policías investigados en esta causa llevan 32 meses cobrando sólo el mínimo que la Dirección General de la Policía no puede retirar de sus nóminas. Una cantidad que no da para vivir. Algunos de ellos han tenido que pedir dinero a sus familiares, otros han enlazado crédito tras crédito y otros se han visto inmersos en procesos de desahucios. En términos económicos se puede calcular el perjuicio de cada uno de ellos en 32.000 euros, a razón de 1.000 euros por mes. Pero el desgaste emocional es enorme.

La Policía no sólo no permite trabajar en el cuerpo a sus agentes suspendidos de empleo y sueldo. También les impide ganarse la vida en cualquier otra profesión. No es el caso de estos seis agentes, pero ha habido otros que han sufrido una experiencia parecida a los que Asuntos Internos persiguió hasta un chiringuito de playa en el que intentaban ganarse la vida como camareros un verano para poder llevar algo de dinero a casa. No sólo se les condena previamente, sino que también se les impide ganarse la vida.

Una suspensión por un procedimiento judicial debe plantearse como una medida cautelar para no interferir en el desarrollo de la investigación. No debe ser un castigo, al menos no hasta que se haya resuelto el caso judicialmente. Y tres años sin cobrar es un verdadero castigo. Hay otras fórmulas para garantizar que los acusados no destruyen pruebas o entorpecen la investigación, como mantenerlos en la oficina, cambiarlos de comisaría, mandarlos a un pueblo, a custodiar presos en los hospitales o a llevarlos de los calabozos al juzgado. Cualquiera hubiera sido válida. Más aún cuando el déficit de policías que padece Sevilla sigue siendo tan elevado.


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