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El momento del turno rotatorio

fperez | 11 de junio de 2017 a las 8:00

EL registro de la asociación Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo brinda al Ayuntamiento de Sevilla una oportunidad única para implantar el turno rotatorio en la parada de taxis de la terminal. Esta medida supondría un paso importante para intentar solucionar de una vez el conflicto en el que está inmerso el sector desde hace más de veinte años, que se ha agravado especialmente desde el invierno pasado.

Todos los problemas del taxi de Sevilla han tenido históricamente su origen en el aeropuerto. Muchos años antes de que existiera Cabify ya había peleas entre taxistas en la terminal, se pinchaban neumáticos con cierta regularidad, se impedía a los profesionales del sector que no pertenecían a la asociación mayoritaria poder recoger a sus clientes y se lanzaban huevos y piedras contra el autobús que conecta San Pablo con la ciudad. La llegada de Cabify a Sevilla, en septiembre del año pasado, ha variado el foco y ha unido a los taxistas en contra de lo que consideran un enemigo común.

Como siempre, los primeros sabotajes y ataques a los coches de Cabify y a otras empresas de alquiler de vehículos con conductor empezaron en el aeropuerto de San Pablo, allá por el mes de diciembre. De ahí surgió la primera fase de la investigación que la Policía Nacional mantiene abierta contra los taxistas, que suma ya 30 imputados (cinco de ellos fueron detenidos) por varios delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. Luego esos ataques seguirían el mismo patrón que otras crisis históricas en el sector, se trasladarían a Santa Justa y después al resto de la ciudad, para acabar en un periodo de calma.

En el caso de las VTC, el punto culminante fue la quema de nueve coches que reforzaban el servicio de Cabify durante la Feria de Abril, un hecho sin precedentes en España y que debería haber servido a las autoridades para comprobar hasta dónde puede llegar la violencia del sector si siguen sin tomar cartas en el asunto. Unos días antes había sido herido de una pedrada en la cabeza un conductor de Cabify. Luego llegó la quema de coches y ahora, siguiendo el patrón de conducta histórico en todas las crisis del sector, la situación se ha calmado. Los taxistas demostraron su unidad en la huelga general del sector convocada el 30 de mayo, que no se notó demasiado en Sevilla por ser un día festivo, pero que dejó a la ciudad prácticamente sin taxis.

El mero hecho de que la Policía registre la sede de una asociación de taxistas y se lleve discos duros y ordenadores ya debería servir al Ayuntamiento para tomar alguna medida. Claro que el hecho de que hubiera 27 imputados en una primera fase de esta investigación también. Sin embargo, el Consistorio ni siquiera se ha planteado suspender cautelarmente la actividad de los taxistas investigados, y mucho menos retirarles la licencia municipal de la que son titulares. Ni la imputación de pertenencia a organización criminal ha hecho al Consistorio mover ficha. Es decir, la Policía considera que hay una banda de delincuentes entre los taxistas del aeropuerto, una mafia si se quiere llamar así (valga la expresión utilizada por el ex Defensor del Ciudadano, José Barranca), pero contra la que la Administración ha decidido no hacer nada de momento.

El gobierno local se ha dedicado en todo este tiempo a tratar de contemporizar y dejar pasar las semanas en busca del periodo de calma que sabía que llegaría. El delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fue director del Instituto del Taxi y conoce perfectamente cómo funciona el sector, y también a los principales actores implicados. Prueba de ello es que el presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, lo llama públicamente compadre con asiduidad. La ansiada calma ya ha llegado al aeropuerto, donde no hay ataques desde hace más de dos meses. En un intento de limpiar su imagen, la asociación mayoritaria ha fichado al conductor que ayudó a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en la Alameda. Pero la operación de la Policía Nacional lo trastoca todo.

Parece que el Ayuntamiento pretende esperar a que haya alguna condena firme en los tribunales para actuar. Merece la pena recordar que ya hay una sentencia del TSJA, y por tanto más que firme, que aconseja la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto y el Ayuntamiento. Merece también la pena recordar algunos párrafos de aquella resolución: “El Ayuntamiento tiene plena potestad para implantar ese sistema de turnos para mejorar y perfeccionar el servicio y su control”, “la medida está suficientemente motivada porque mejora la calidad del servicio en beneficio de sus usuarios, estableciendo un sistema más justo por equitativo respecto de los profesionales y favorece una distribución más equitativa respecto de paradas que resultan atractivas para éstos”, “los turnos regulan las relaciones de convivencia, indispensables para el desarrollo de la libertad de empresa y de mercado”…

Los jueces, además, añadían que si existía un conflicto era “por la deficiente organización de las paradas del taxi del aeropuerto”. La sentencia está fechada el 5 de septiembre de 2002, es decir, quince años antes de que empezara a operar en Sevilla una empresa llamada Cabify. ¿Es realmente la actividad de esta compañía, y de las que vengan después, el origen de todos los problemas de un sector que lleva más de dos décadas en pie de guerra en esta ciudad? La respuesta es obvia.

No deja de ser llamativo que esta semana, unos días después del registro de la sede de Solidaridad, el Instituto del Taxi enviara un correo electrónico a todos los taxistas de Sevilla dando cuenta de los acuerdos adoptados en una sesión plenaria del pasado mes de febrero. En aquella sesión, Ciudadanos había presentado una moción para solicitar la puesta en marcha de un sistema de turnos en el aeropuerto. La propuesta fue rechazada por todos los demás organismos, sindicatos y grupos políticos, incluido el PP, que ahora aprovecha el registro de la Policía para acusar al gobierno de Espadas de ser incapaz de acabar con los problemas del taxi. No deja de ser cierto, pero tiene guasa que lo diga un partido que estuvo cuatro años en el poder y no tomó ni una sola decisión para solucionar el conflicto.

¿Qué sentido tenía el envío de ese correo, cuatro meses después del pleno? Nadie lo ha explicado. Quizás era una manera de informar directamente a los taxistas de que ya se debatió la posibilidad de implantar el turno rotatorio y la moción fue rechazada, en una especie de excusatio non petita por parte de las autoridades municipales. El Ayuntamiento no parece dispuesto a cambiar nada, por mucho que diga que el modelo del aeropuerto de Málaga es el bueno y allí funcione un sistema de turnos.

Cualquier gobierno local que quiera tomar una decisión de este tipo debe estar dispuesto a tener problemas. Siempre los hay cuando alguien intenta acabar con un monopolio. El alcalde ha de saber que la implantación de un turno rotatorio en el aeropuerto provocará huelgas, protestas y actos de sabotaje, que posiblemente ocurran cuando más duele, es decir, en Semana Santa y Feria. Ya así lo vaticinó el presidente de Solidaridad durante un encuentro en el Ayuntamiento a principios de febrero. “El conflicto en Semana Santa será inevitable”, le dijo Filgueras al delegado Cabrera en aquella reunión. Y el Consistorio envió a un grupo de policías al aeropuerto, que se dedicaron más a comprobar si los coches con licencia VTC tenían hojas de ruta que a investigar los cobros abusivos de los taxistas y si éstos permitían trabajar a sus compañeros de abajo (como llaman en el argot a los que rinden en la ciudad y no pueden subir al aeropuerto). Sólo cuando ardieron los coches de Cabify, el Ayuntamiento reaccionó multando a cinco taxistas de San Pablo por cobros abusivos. Pero de ahí no ha pasado. Ni retirada de licencias ni medidas cautelares, ni oír hablar del turno rotatorio.

La tibieza del gobierno local contrasta con la investigación que tiene en marcha la Policía Nacional, que suma ya treinta imputados, cinco de los cuales han sido detenidos. La Policía mantiene abierta una segunda fase de la investigación, que se inició con el registro de Solidaridad. Unos días antes, la patronal de las VTC, Unauto, había enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidiéndole amparo ante los continuos episodios violentos que sufren en toda España, y especialmente en Sevilla, donde suman ya más de cincuenta denuncias por agresiones, vandalismo, amenazas y daños. Esto sí que es una novedad, puesto que cuando los ataques eran entre taxistas apenas había denuncias.

Tras conocerse esta operación policial, el alcalde, Juan Espadas, aseguró públicamente que esperaba que esta investigación sirviera para “depurar responsabilidades”. Él precisamente es quien tiene la posibilidad de hacerlo.

La Policía Local está como el Betis

fperez | 2 de septiembre de 2016 a las 5:00

EL delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, debe sentirse estos días como el director deportivo del Betis cuando se abre el plazo del mercado de fichajes. Está en un equipo con cierto renombre en el panorama nacional pero anda envuelto en un lío judicial importante y no se sabe muy bien quién manda, después de un grupo de presidentes más o menos ineptos hayan dirigido el club, junto con un par de administradores judiciales con escasa o nula idea de fútbol. Un equipo al que los jugadores de primer nivel no quieren venir y en el que, a falta de los buenos, hay que buscar entrenadores con poca experiencia y una más que discutida capacidad de mando y liderazgo.

Más o menos es lo que hay en la Policía Local de Sevilla. Una policía con muy buenos profesionales (también tiene alguno el Betis), pero que atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia y que está inmersa, no en uno, sino en varios líos judiciales con más de medio centenar de agentes imputados en tramas de corrupción. En la Policía Local tampoco se sabe muy bien quién manda, precisamente porque hay dos superintendentes y ninguno de ellos parece estar capacitado para la dirección del cuerpo. Uno porque está involucrado en el presunto amaño de las oposiciones, y el otro porque no ha conseguido poner orden en todo este caos que viene ya de largo.

Cabrera tiene ante sí dos semanas para buscar un hombre (o una mujer) que sea capaz de ganarse el respeto de una plantilla desmotivada, en la que siempre ha mandado más un sindicato como el Sppme, que aglutina al 90% del personal y que tiene a varios de sus miembros imputados en el caso de las oposiciones, que la persona que estaba al frente del cuerpo. En el haber de Cabrera se puede incluir la buena relación que tiene con este sindicato. Recuerden el pin de la solapa con el que el delegado tomó posesión del cargo y obsérvese el silencio respetuoso que el Sppme mantiene desde hace más de un año.

La cuestión es si hay algún profesional cualificado –en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, preferentemente– que quiera, por un sueldo decente pero relativamente modesto para tratarse de un alto cargo de la cuarta mayor ciudad de España, meterse en el berenjenal que hay formado a día de hoy en la Policía Local de Sevilla.

El Cecop y el esplendor perdido

fperez | 22 de junio de 2015 a las 5:51

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Los cuatro años del mandato de Juan Ignacio Zoido han supuesto un profundo declive para el Centro de Coordinación Operativa (Cecop). El organismo creado tras los incidentes de la Madrugada del año 2000 ha sido despreciado una y otra vez durante los últimos cuatro años, y esto se ha traducido en una profunda crisis de una entidad que en su día dio resultados brillantes. La Semana Santa pasada reveló la inutilidad del Cecop, o al menos del Cecop actual: voluntarios de Protección Civil regulando el tráfico, dispositivos policiales mermados, calles cortadas directamente con vallas o cubos de basura, y, sobre todo, más incidentes en la Madrugada o cofradías que no podían avanzar por la bulla sin que se viera un policía en un kilómetro a la redonda. Los problemas no dieron la cara antes porque en las semanas santas anteriores llovió.

La lluvia de las ediciones anteriores le vino bien al gobierno local. Tapó las carencias del Cecop, aunque alguna vez también hizo que se revelara como un órgano incapaz para resolver los problemas. Por ejemplo, el roce entre Los Panaderos y La Lanzada en la plaza de Villasís nunca se habría producido con un Cecop fuerte, de otros tiempos. Aun así, justo es decir que alguien en el Cecop supo ver que los horarios de la Madrugada de 2015, la que estaba prevista en principio, no coincidían, lo que posteriormente evitó que los incidentes de aquella noche tuvieran unos efectos aún más graves.

El Cecop no ha sabido atajar el problema de las sillitas en Semana Santa ni el de la botellona en la Feria. Ni ha puesto orden en las miles de procesiones que se celebran cada año en Sevilla. El primer delegado de Movilidad y Seguridad de la era Zoido, Demetrio Cabello, quiso eliminar el Cecop, pero el alcalde optó por no asumir una decisión que podía revelarse como impopular. La mayor prueba de que el Cecop no le interesaba al PP lo más mínimo fue que primero nombró director a un intendente mayor de la Policía que estaba a punto de jubilarse, Ángel Rico, y cuando éste cumplió los 65 años, puso en su puesto a un voluntario de Protección Civil del Estado, Juan Francisco Lebrero, cuyo mayor mérito había sido prestarle una furgoneta a la Policía para que hicieran sus vigilancias.

El nuevo gobierno local quiere devolverle al Cecop el lustre que tuvo y para ello pretende incorporar de nuevo a un clásico: Rafael Pérez. El que fuera portavoz de la Guardia Civil de Sevilla ya dirigió este órgano durante varios años, en la última etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín. Pérez puso orden en las salidas extraordinarias. Les dijo a los hermanos mayores que, si llovía y se refugiaban en un templo, volverían el día que el Ayuntamiento dijera y no cuando cada hermandad quisiera. Les instaló GPS a los pasos y montó un equipo competente para atender cualquier posible imprevisto.

Esto no garantiza que no vaya a haber incidentes en la Semana Santa de 2016 -de hecho, con Pérez al frente del Cecop, hubo peleas a navajazos y carreritas la Madrugada de 2009-, pero es evidente que el Cecop incorpora de nuevo a un profesional cualificado y con experiencia. Sabe, además, tratar con la prensa y no ver a los periodistas como enemigos, que siempre será una ayuda a la hora de transmitir su gestión.

Lo que no está demasiado claro aún es el modelo de Policía Local que quiere el PSOE de Juan Espadas. En teoría, el director del Cecop no manda sobre la Policía, pero nadie impide que pueda ser uno de los asesores de confianza del delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera. Éste ya ha anunciado que no habrá director general de Seguridad y que llevará los asuntos de la Policía directamente, junto con el jefe del cuerpo, que tampoco está claro quién será.

En la visita que el pasado martes hizo Juan Espadas a la Jefatura de la Ranilla, quien salió a recibirlo fue el superintendente, Juan José García. No deja de ser un gesto revelador, pero tampoco hay que olvidar que es la persona de más alto rango en el cuerpo. Por el momento lo único que ha cambiado es que el director de Seguridad, José Antonio de la Rosa, ya ha pedido su vuelta a la Policía Nacional. En la Local se mantiene la bicefalia impuesta por el PP, con García como jefe ejecutivo y el intendente mayor Gabriel Nevado como jefe operativo.

Consideraciones sobre el cierre del Central

fperez | 10 de marzo de 2015 a las 17:56

El cierre del café Central, uno de los bares más conocidos de la Alameda de Hércules, por parte de la Policía Local de Sevilla requiere un cierto análisis. La Policía precintó el establecimiento por exceso de aforo la noche del sábado al domingo. En el interior del bar caben 83 personas según licencia. En el momento de la inspección había 144. Cierto es que eran más de la una de la madrugada, hora a la que tiene fijado su cierre, y que el bar continuaba abierto (sus dueños aseguran que ya habían dejado de servir consumiciones), pero el incumplimiento de horarios se castiga con una multa y el motivo por el que se clausura es el exceso de personas en el interior del negocio.

Los dueños del bar afirman que fue la propia Policía la que obligó a la gente que estaba en la calle a entrar en el negocio, bajo amenaza de una multa de cien euros por hacer botellona en la calle. Cuentan que el agente que estaba al mando del dispositivo municipal rompió varios vasos arrojándolos a los pies de las personas que allí estaban, que ordenó a los trabajadores de Lipasam que utilizaran las máquinas sopladoras en la puerta del bar para molestar a la gente y forzarla a entrar y que, una vez lleno el bar, se impidió al público que saliera para hacer un recuento de personas. Esto, lógicamente, no figura en el informe policial, que se limita a exponer que había más personas de las permitidas dentro del bar, sin entrar en más detalles.

Los responsables del café Central ya han anunciado que se querellarán contra el mando policial que dirigía el dispositivo. Los empresarios aportarán una grabación de las cámaras de videovigilancia del local que, si bien no registra lo que ocurre en la puerta del mismo porque no está permitido tener equipos de filmación orientados hacia la calle, sí registra lo que pasa dentro. El vídeo recoge que el bar se llena por completo en cinco minutos, coincidiendo con la llegada de la Policía a la puerta del mismo. A continuación reproducimos tres capturas del vídeo de las cámaras de seguridad del café Central durante la inspección de la Policía.

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Esta primera imagen está capturada a la 1:26. En el bar puede haber en ese momento unas 40 personas aproximadamente. Es a la hora en la que llega la Policía a la puerta. En el vídeo se reconoce el momento porque reflejan las luces azules de los patrulleros y se ve el chaquetón amarillo de uno de los agentes en una de las ventanas.

 

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Cinco minutos después, a la 1:31, el interior del negocio está bastante lleno.

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Otros cinco minutos más tarde, a la 1:36, el local presenta esta imagen.En la zona de la puerta se aprecia bastante aglomeración de público. En los siguientes minutos el establecimiento se desaloja y la Policía entra a inspeccionar los diferentes elementos del local.

Si los agentes consideraron que quienes estaban fuera eran clientes del bar y los obligaron a entrar para luego proceder a la inspección por exceso de aforo, o si por el contrario el establecimiento se llenó en cuestión de minutos y superaba por tanto su aforo permitido tendrá que decidirlo la delegación municipal de Medio Ambiente, que ya estudia el caso y decidirá si multa o no al local. Mientras tanto, los propietarios han solicitado ya que se levante el precinto y están a la espera de la decisión municipal para poder reabrir.