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La caótica Semana Santa de la Policía Local

fperez | 7 de abril de 2015 a las 12:53

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Foto: Carolina García

 

El dispositivo de seguridad de la Semana Santa de Sevilla, en la parte que afecta a la Policía Local, ha sido un absoluto caos. Sólo hay que mirar las dos fotografías que se adjuntan a esta entrada para darse cuenta de que algo ha fallado si dos contenedores de basura y una valla son los que se encargan de cortar el tráfico en una calle. Donde no había policías, el Ayuntamiento recurrió a los chicos de Protección Civil, voluntariosos pero nada expertos en estas lides (por no sacar un debate sobre la legalidad del asunto), y si no, directamente al mobiliario urbano. Esa carencia de agentes obligó también a desmontar el dispositivo de seguridad previsto para la Madrugada en la zona de la Encarnación. Y, si queda alguien en el mundo que aún no lo sepa, fue allí donde se originó una pelea que derivó en hasta cuatro estampidas que destrozaron el cortejo del Silencio en las calles Cuna, Orfila y Javier Lasso de la Vega.

La clave del asunto pasa por el déficit de plantilla que sufre la Policía Local desde hace ya muchos años. Zoido se encargó de prometer que incrementaría la plantilla en 300 nuevos agentes (primero dijo 500 pero luego rebajó la cifra), pero el mandato se pasa y de momento el número de plazas que ha convocado en estos cuatro años ha sido cero. En años anteriores, para paliar la carencia de personal, el Ayuntamiento sacaba a toda la plantilla de la Policía Local a la calle en Semana Santa a base de productividades. Esto, evidentemente, tiene un coste bastante elevado, pero si no hay agentes, hay que recurrir a las horas extra de los que están disponibles. Porque dejar la ciudad con pocos efectivos es un riesgo, como este año ha vuelto a quedar demostrado.

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¿Por qué la Semana Santa de 2015 ha sido diferente a la de otros años anteriores, si el número de policías era similar? Básicamente porque el Ayuntamiento lleva tiempo racaneando (dicen los policías, claro) el dinero de las productividades de la Policía Local y muchos de los agentes no han estado dispuestos a ‘vender’ sus días de descanso. A ello se le ha sumado el problema que existe desde hace año y medio en la unidad de Tráfico-Motoristas, la más numerosa del cuerpo. Estos agentes mantienen, desde la muerte en accidente de uno de ellos, un conflicto con el Consistorio, al que le reclaman una serie de complementos por el riesgo que implica el trabajo en moto. Al no encontrar respuesta por parte del Ayuntamiento, estos policías se han negado a hacer horas extraordinarias.

Esta decisión ha provocado que las labores de acompañamiento de cofradías que venían desde fuera del centro (que siempre eran traídas al casco histórico por agentes de Motoristas) las hayan tenido que hacer este año otras unidades, o directamente los de Protección Civil. Estos voluntarios iban a estar destinados en los pasillos de la carrera oficial, pero al ser enviados al extrarradio a acompañar a las hermandades, el Ayuntamiento tuvo que recurrir de nuevo a los policías locales para los pasillos. ¿Cómo lo hizo? Obviamente no podía fabricarse policías de la nada, así que tenía que quitarlos de un servicio previsto para poder llevarlos a la carrera oficial. La Jefatura decidió desmontar uno de los llamados niveles, concretamente el nivel 2. Estos niveles son un dispositivo preventivo compuesto por varios policías locales que recorren una zona del centro y comprueban que no hay coches mal aparcados en el itinerario de las cofradías, que no hay gente celebrando una botellona en estas calles o que no hay venta ambulante ilegal, entre otros asuntos.

El centro se divide en varias zonas (niveles) y cada una de ellas tiene un número. El nivel 2 es la Encarnación y su entorno. La tarde del Jueves Santo, el Ayuntamiento decidió desmontar el nivel 2. Así lo ha denunciado en rueda de prensa el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, Manuel Bustelo. Nadie impedía, por tanto, a decenas de jóvenes cargados con lotes reunirse a beber en la plaza mayor de las Setas. La versión municipal es bien distinta. El Ayuntamiento sostiene que había siete policías sólo para esta zona del centro, y que fueron precisamente éstos los que acudieron a la reyerta que originó las carreras. También niega que se desactivara ninguno de los servicios previstos, asegura que el nivel 2 al que se refiere el sindicato recoge todas las vías de evacuación del centro y no sólo el entorno de la Encarnación, y afirma que sólo hubo cuatro voluntarios de Protección Civil regulando el tráfico los primeros días de la semana.

En cualquier caso, los incidentes desbordaron a la Policía Local porque, además, todo ocurrió en menos de una hora. Entre las 3:49 y las 4:45 hubo una pelea en Gallos con avalancha hacia Matahacas, por donde pasaba los Gitanos; otra en el Capote, con dos personas arrojadas al río; la reyerta de las Setas, que causó cuatro estampidas y arrolló al Silencio, donde dos niños resultaron heridos y otros dos se perdieron; y un escape de gas en la calle Feria, con un trabajador herido que obligó a cambiar el recorrido de la Macarena.

A alguien le debió parecer que esto no era nada, puesto que el Sábado Santo se volvió a desmontar el nivel 2. Afortunadamente, el balance de la Madrugada (al que hay que sumar un nazareno del Silencio con la clavícula rota) es escaso para lo que podía haber ocurrido. Que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, admita que hubo falta de prevención no deja de ser reconocer una evidencia pero al menos está bien que lo haga. Que el delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, anuncie que habrá más vigilancia el año que viene, si los ciudadanos revalidan su confianza en el gobierno actual en las urnas… Quizás también debería explicar cómo tiene pensado hacerlo, porque con los policías que hay es difícil.

El Gallo Negro, ¿un precedente?

fperez | 18 de marzo de 2015 a las 12:54

Bar El Gallo Negro

La Justicia ha dado la razón a los dueños del bar El Gallo Negro, que fue precintado por la Policía Local la pasada Navidad por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, incumpliendo así la ley antibotellón. El negocio, ubicado en la esquina de las calles Arfe y García de Vinuesa, fue sancionado con dos meses de cierre y una multa de 6.000 euros. Los propietarios del establecimiento llevaron el caso a los tribunales, que acaban de fallar a su favor. En un auto fechado el 6 de marzo, un juez de lo Contencioso Administrativo entiende que el cierre del bar fue una medida “ejemplarizante” por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que ni razonó ni explicó por qué había tomado tal decisión.

Cierto es que es sólo un auto que levanta las medidas cautelares mientras se resuelve el pleito, pero la decisión judicial pone de manifiesto que el camino emprendido por el Ayuntamiento, el de cerrar cuantos más bares mejor escudándose en la lucha contra la botellona, no es el más idóneo. Ya lo dijeron por aquellos días los propios policías locales, quienes tienen que encargarse de ejecutar las órdenes de los responsables municipales. A través del sindicato mayoritario, el Sppme, los agentes denunciaron las presiones que sufrían para cerrar los locales y lamentaban que el Ayuntamiento recurriera desde el principio a una medida tan severa, la del cierre, que sólo debería aplicarse como último extremo.

El Consistorio llegó a cerrar doce bares en uno de los fines de semana de más negocio del año, el del 20 y el 21 de diciembre, cuando las calles del centro soportaban a diario auténticas bullas similares a las de Semana Santa. Todos eran establecimientos del Arenal y de la Alameda de Hércules. Los de la Alfalfa ya habían sufrido el mismo castigo semanas atrás. La cruzada contra los bares de copas llevó a los hosteleros a asociarse en una plataforma para luchar juntos contra lo que consideraban una presión policial y municipal excesiva.

El auto del Gallo Negro sienta un precedente. Si todos los negocios que fueron multados y/o clausurados decidieran recurrir a la Justicia, posiblemente los jueces dejarían al Ayuntamiento sin armas para luchar contra los bares de copas, que tampoco es que todos ellos cumplan escrupulosamente la legalidad, todo sea dicho. La Policía queda en una situación complicada. Los agentes se ven obligados a cerrar bares por órdenes de superiores a sabiendas que luego la Justicia anulará su trabajo. Y lo peor no es que la labor policial caiga en saco roto, sino que los hosteleros no sólo vayan contra el Ayuntamiento, sino contra los policías como agentes de la autoridad que son. Ya hace unos días los responsables del Café Central, en la Alameda de Hércules, anunciaron que se querellarán contra el inspector que les clausuró el local por exceso de aforo.

Pero, sobre todo, el auto deja en entredicho al Ayuntamiento. El juez reconoce el perjuicio que el precinto causó al negocio en una de las épocas más rentables del año, habla de lo que supone dejar sin trabajo a unas cuantas familias en una época de crisis económica como la actual y no sólo impone el pago de las costas del proceso judicial al Consistorio, sino que le enseña el camino a los dueños del Gallo Negro para que reclamen una indemnización por el lucro cesante. Esto es, el dinero que ha dejado de percibir el establecimiento por los dos meses que el bar ha estado cerrado, soportando gastos y sin ningún ingreso. El bar aún no ha cuantificado cuánto supone esto, pero no es nada descabellado pensar que serán unos cuantos miles de euros.

El cierre tan a la ligera de un negocio ya va a acarrear al Ayuntamiento (es decir, a todos los sevillanos) el pago de las costas del procedimiento judicial. Si encima se reclamara el lucro cesante, y si más bares se animaran a recurrir a los tribunales (ya está tardando el que no lo haya hecho, a la vista de este auto), la medida “ejemplarizante” de la delegación de Medio Ambiente saldrá por un pico a la ciudad. Para que el que decreta el cierre “sin explicarlo ni razonarlo” (juez de lo Contencioso dixit) quizás se lo piense mejor la próxima vez.

Consideraciones sobre el cierre del Central

fperez | 10 de marzo de 2015 a las 17:56

El cierre del café Central, uno de los bares más conocidos de la Alameda de Hércules, por parte de la Policía Local de Sevilla requiere un cierto análisis. La Policía precintó el establecimiento por exceso de aforo la noche del sábado al domingo. En el interior del bar caben 83 personas según licencia. En el momento de la inspección había 144. Cierto es que eran más de la una de la madrugada, hora a la que tiene fijado su cierre, y que el bar continuaba abierto (sus dueños aseguran que ya habían dejado de servir consumiciones), pero el incumplimiento de horarios se castiga con una multa y el motivo por el que se clausura es el exceso de personas en el interior del negocio.

Los dueños del bar afirman que fue la propia Policía la que obligó a la gente que estaba en la calle a entrar en el negocio, bajo amenaza de una multa de cien euros por hacer botellona en la calle. Cuentan que el agente que estaba al mando del dispositivo municipal rompió varios vasos arrojándolos a los pies de las personas que allí estaban, que ordenó a los trabajadores de Lipasam que utilizaran las máquinas sopladoras en la puerta del bar para molestar a la gente y forzarla a entrar y que, una vez lleno el bar, se impidió al público que saliera para hacer un recuento de personas. Esto, lógicamente, no figura en el informe policial, que se limita a exponer que había más personas de las permitidas dentro del bar, sin entrar en más detalles.

Los responsables del café Central ya han anunciado que se querellarán contra el mando policial que dirigía el dispositivo. Los empresarios aportarán una grabación de las cámaras de videovigilancia del local que, si bien no registra lo que ocurre en la puerta del mismo porque no está permitido tener equipos de filmación orientados hacia la calle, sí registra lo que pasa dentro. El vídeo recoge que el bar se llena por completo en cinco minutos, coincidiendo con la llegada de la Policía a la puerta del mismo. A continuación reproducimos tres capturas del vídeo de las cámaras de seguridad del café Central durante la inspección de la Policía.

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Esta primera imagen está capturada a la 1:26. En el bar puede haber en ese momento unas 40 personas aproximadamente. Es a la hora en la que llega la Policía a la puerta. En el vídeo se reconoce el momento porque reflejan las luces azules de los patrulleros y se ve el chaquetón amarillo de uno de los agentes en una de las ventanas.

 

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Cinco minutos después, a la 1:31, el interior del negocio está bastante lleno.

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Otros cinco minutos más tarde, a la 1:36, el local presenta esta imagen.En la zona de la puerta se aprecia bastante aglomeración de público. En los siguientes minutos el establecimiento se desaloja y la Policía entra a inspeccionar los diferentes elementos del local.

Si los agentes consideraron que quienes estaban fuera eran clientes del bar y los obligaron a entrar para luego proceder a la inspección por exceso de aforo, o si por el contrario el establecimiento se llenó en cuestión de minutos y superaba por tanto su aforo permitido tendrá que decidirlo la delegación municipal de Medio Ambiente, que ya estudia el caso y decidirá si multa o no al local. Mientras tanto, los propietarios han solicitado ya que se levante el precinto y están a la espera de la decisión municipal para poder reabrir.