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El momento del turno rotatorio

fperez | 11 de junio de 2017 a las 8:00

EL registro de la asociación Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo brinda al Ayuntamiento de Sevilla una oportunidad única para implantar el turno rotatorio en la parada de taxis de la terminal. Esta medida supondría un paso importante para intentar solucionar de una vez el conflicto en el que está inmerso el sector desde hace más de veinte años, que se ha agravado especialmente desde el invierno pasado.

Todos los problemas del taxi de Sevilla han tenido históricamente su origen en el aeropuerto. Muchos años antes de que existiera Cabify ya había peleas entre taxistas en la terminal, se pinchaban neumáticos con cierta regularidad, se impedía a los profesionales del sector que no pertenecían a la asociación mayoritaria poder recoger a sus clientes y se lanzaban huevos y piedras contra el autobús que conecta San Pablo con la ciudad. La llegada de Cabify a Sevilla, en septiembre del año pasado, ha variado el foco y ha unido a los taxistas en contra de lo que consideran un enemigo común.

Como siempre, los primeros sabotajes y ataques a los coches de Cabify y a otras empresas de alquiler de vehículos con conductor empezaron en el aeropuerto de San Pablo, allá por el mes de diciembre. De ahí surgió la primera fase de la investigación que la Policía Nacional mantiene abierta contra los taxistas, que suma ya 30 imputados (cinco de ellos fueron detenidos) por varios delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. Luego esos ataques seguirían el mismo patrón que otras crisis históricas en el sector, se trasladarían a Santa Justa y después al resto de la ciudad, para acabar en un periodo de calma.

En el caso de las VTC, el punto culminante fue la quema de nueve coches que reforzaban el servicio de Cabify durante la Feria de Abril, un hecho sin precedentes en España y que debería haber servido a las autoridades para comprobar hasta dónde puede llegar la violencia del sector si siguen sin tomar cartas en el asunto. Unos días antes había sido herido de una pedrada en la cabeza un conductor de Cabify. Luego llegó la quema de coches y ahora, siguiendo el patrón de conducta histórico en todas las crisis del sector, la situación se ha calmado. Los taxistas demostraron su unidad en la huelga general del sector convocada el 30 de mayo, que no se notó demasiado en Sevilla por ser un día festivo, pero que dejó a la ciudad prácticamente sin taxis.

El mero hecho de que la Policía registre la sede de una asociación de taxistas y se lleve discos duros y ordenadores ya debería servir al Ayuntamiento para tomar alguna medida. Claro que el hecho de que hubiera 27 imputados en una primera fase de esta investigación también. Sin embargo, el Consistorio ni siquiera se ha planteado suspender cautelarmente la actividad de los taxistas investigados, y mucho menos retirarles la licencia municipal de la que son titulares. Ni la imputación de pertenencia a organización criminal ha hecho al Consistorio mover ficha. Es decir, la Policía considera que hay una banda de delincuentes entre los taxistas del aeropuerto, una mafia si se quiere llamar así (valga la expresión utilizada por el ex Defensor del Ciudadano, José Barranca), pero contra la que la Administración ha decidido no hacer nada de momento.

El gobierno local se ha dedicado en todo este tiempo a tratar de contemporizar y dejar pasar las semanas en busca del periodo de calma que sabía que llegaría. El delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fue director del Instituto del Taxi y conoce perfectamente cómo funciona el sector, y también a los principales actores implicados. Prueba de ello es que el presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, lo llama públicamente compadre con asiduidad. La ansiada calma ya ha llegado al aeropuerto, donde no hay ataques desde hace más de dos meses. En un intento de limpiar su imagen, la asociación mayoritaria ha fichado al conductor que ayudó a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en la Alameda. Pero la operación de la Policía Nacional lo trastoca todo.

Parece que el Ayuntamiento pretende esperar a que haya alguna condena firme en los tribunales para actuar. Merece la pena recordar que ya hay una sentencia del TSJA, y por tanto más que firme, que aconseja la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto y el Ayuntamiento. Merece también la pena recordar algunos párrafos de aquella resolución: “El Ayuntamiento tiene plena potestad para implantar ese sistema de turnos para mejorar y perfeccionar el servicio y su control”, “la medida está suficientemente motivada porque mejora la calidad del servicio en beneficio de sus usuarios, estableciendo un sistema más justo por equitativo respecto de los profesionales y favorece una distribución más equitativa respecto de paradas que resultan atractivas para éstos”, “los turnos regulan las relaciones de convivencia, indispensables para el desarrollo de la libertad de empresa y de mercado”…

Los jueces, además, añadían que si existía un conflicto era “por la deficiente organización de las paradas del taxi del aeropuerto”. La sentencia está fechada el 5 de septiembre de 2002, es decir, quince años antes de que empezara a operar en Sevilla una empresa llamada Cabify. ¿Es realmente la actividad de esta compañía, y de las que vengan después, el origen de todos los problemas de un sector que lleva más de dos décadas en pie de guerra en esta ciudad? La respuesta es obvia.

No deja de ser llamativo que esta semana, unos días después del registro de la sede de Solidaridad, el Instituto del Taxi enviara un correo electrónico a todos los taxistas de Sevilla dando cuenta de los acuerdos adoptados en una sesión plenaria del pasado mes de febrero. En aquella sesión, Ciudadanos había presentado una moción para solicitar la puesta en marcha de un sistema de turnos en el aeropuerto. La propuesta fue rechazada por todos los demás organismos, sindicatos y grupos políticos, incluido el PP, que ahora aprovecha el registro de la Policía para acusar al gobierno de Espadas de ser incapaz de acabar con los problemas del taxi. No deja de ser cierto, pero tiene guasa que lo diga un partido que estuvo cuatro años en el poder y no tomó ni una sola decisión para solucionar el conflicto.

¿Qué sentido tenía el envío de ese correo, cuatro meses después del pleno? Nadie lo ha explicado. Quizás era una manera de informar directamente a los taxistas de que ya se debatió la posibilidad de implantar el turno rotatorio y la moción fue rechazada, en una especie de excusatio non petita por parte de las autoridades municipales. El Ayuntamiento no parece dispuesto a cambiar nada, por mucho que diga que el modelo del aeropuerto de Málaga es el bueno y allí funcione un sistema de turnos.

Cualquier gobierno local que quiera tomar una decisión de este tipo debe estar dispuesto a tener problemas. Siempre los hay cuando alguien intenta acabar con un monopolio. El alcalde ha de saber que la implantación de un turno rotatorio en el aeropuerto provocará huelgas, protestas y actos de sabotaje, que posiblemente ocurran cuando más duele, es decir, en Semana Santa y Feria. Ya así lo vaticinó el presidente de Solidaridad durante un encuentro en el Ayuntamiento a principios de febrero. “El conflicto en Semana Santa será inevitable”, le dijo Filgueras al delegado Cabrera en aquella reunión. Y el Consistorio envió a un grupo de policías al aeropuerto, que se dedicaron más a comprobar si los coches con licencia VTC tenían hojas de ruta que a investigar los cobros abusivos de los taxistas y si éstos permitían trabajar a sus compañeros de abajo (como llaman en el argot a los que rinden en la ciudad y no pueden subir al aeropuerto). Sólo cuando ardieron los coches de Cabify, el Ayuntamiento reaccionó multando a cinco taxistas de San Pablo por cobros abusivos. Pero de ahí no ha pasado. Ni retirada de licencias ni medidas cautelares, ni oír hablar del turno rotatorio.

La tibieza del gobierno local contrasta con la investigación que tiene en marcha la Policía Nacional, que suma ya treinta imputados, cinco de los cuales han sido detenidos. La Policía mantiene abierta una segunda fase de la investigación, que se inició con el registro de Solidaridad. Unos días antes, la patronal de las VTC, Unauto, había enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidiéndole amparo ante los continuos episodios violentos que sufren en toda España, y especialmente en Sevilla, donde suman ya más de cincuenta denuncias por agresiones, vandalismo, amenazas y daños. Esto sí que es una novedad, puesto que cuando los ataques eran entre taxistas apenas había denuncias.

Tras conocerse esta operación policial, el alcalde, Juan Espadas, aseguró públicamente que esperaba que esta investigación sirviera para “depurar responsabilidades”. Él precisamente es quien tiene la posibilidad de hacerlo.

La Policía Local está como el Betis

fperez | 2 de septiembre de 2016 a las 5:00

EL delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, debe sentirse estos días como el director deportivo del Betis cuando se abre el plazo del mercado de fichajes. Está en un equipo con cierto renombre en el panorama nacional pero anda envuelto en un lío judicial importante y no se sabe muy bien quién manda, después de un grupo de presidentes más o menos ineptos hayan dirigido el club, junto con un par de administradores judiciales con escasa o nula idea de fútbol. Un equipo al que los jugadores de primer nivel no quieren venir y en el que, a falta de los buenos, hay que buscar entrenadores con poca experiencia y una más que discutida capacidad de mando y liderazgo.

Más o menos es lo que hay en la Policía Local de Sevilla. Una policía con muy buenos profesionales (también tiene alguno el Betis), pero que atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia y que está inmersa, no en uno, sino en varios líos judiciales con más de medio centenar de agentes imputados en tramas de corrupción. En la Policía Local tampoco se sabe muy bien quién manda, precisamente porque hay dos superintendentes y ninguno de ellos parece estar capacitado para la dirección del cuerpo. Uno porque está involucrado en el presunto amaño de las oposiciones, y el otro porque no ha conseguido poner orden en todo este caos que viene ya de largo.

Cabrera tiene ante sí dos semanas para buscar un hombre (o una mujer) que sea capaz de ganarse el respeto de una plantilla desmotivada, en la que siempre ha mandado más un sindicato como el Sppme, que aglutina al 90% del personal y que tiene a varios de sus miembros imputados en el caso de las oposiciones, que la persona que estaba al frente del cuerpo. En el haber de Cabrera se puede incluir la buena relación que tiene con este sindicato. Recuerden el pin de la solapa con el que el delegado tomó posesión del cargo y obsérvese el silencio respetuoso que el Sppme mantiene desde hace más de un año.

La cuestión es si hay algún profesional cualificado –en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, preferentemente– que quiera, por un sueldo decente pero relativamente modesto para tratarse de un alto cargo de la cuarta mayor ciudad de España, meterse en el berenjenal que hay formado a día de hoy en la Policía Local de Sevilla.

Regreso al futuro

fperez | 1 de junio de 2016 a las 5:00

PUESTOS a escuchar propuestas disparatadas, habría estado curioso que algún grupo político hubiera invitado al Pleno del Ayuntamiento de ayer a Emmet Brown, el doctor loco de Regreso al Futuro. Doc habría dejado aparcado su Delorean en la puerta del Hotel Inglaterra, junto a los taxis, y habría invitado al concejal de Seguridad y Movilidad a darse una vuelta en su preciosa máquina del tiempo. El Delorean habría llevado a Juan Carlos Cabrera –¿se lo imaginan convertido en Marty McFly, con zapatillas, vaqueros y un plumas sin mangas?– a una época no muy lejana, o sí, en la que en Sevilla faltaban 300 policías locales. Es decir, los mismos que ahora.

Doc, o Bill Murray y la marmota Phil si lo prefieren, le habrían explicado a Cabrera-McFly que en Sevilla faltan 300 policías locales desde hace mucho tiempo. Y faltan por una sencilla razón, puramente aritmética: se jubilan más agentes de los que se incorporan. Así que cuando lo hacen, apenas se cubren las bajas y el problema no se resuelve, sino que se aplaza, como mucho, un año o dos. Admitir que faltan 300 policías sin hacer nada por arreglarlo no es más que un brindis al sol. Ocurre que nadie gobierna pensando en el futuro y a cualquier alcalde le sale más barato y más cómodo pagar año tras año casi seis millones en productividades que convocar plazas.

Primero porque los nuevos policías no estarían patrullando de un día para otro, sino que tendrían que pasar un periodo de formación y prácticas antes de incorporarse. Segundo porque hay que gastar mucho dinero en uniformes, armas, vehículos y demás herramientas de trabajo. Y tercero porque así se mantiene la paz social en el cuerpo, con unos agentes bien pagados a base de pluses. Ojo, con todo su derecho, que la seguridad es cara y el despliegue de la Madrugada hay que pagarlo. Por cierto, ¿alguien ha visto a los sindicatos policiales protestar en el último año? ¿Se acuerdan del pin que llevaba Cabrera en la solapa el día que tomó posesión? ¿O le pedimos a Doc que nos lleve a aquel día con el Delorean?

Juan, sé fuerte

fperez | 30 de septiembre de 2015 a las 6:00

Dice el delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que del superintendente de la Policía Local de Sevilla, Juan José García, “esta todo dicho” y que no hay que seguir hablando del presunto amaño de las oposiciones porque es “un intento de erosionar la imagen de la Policía Local (…) por parte de varios sectores”. Al superintendente le pide la Fiscalía 13 años de inhabilitación porque, como presidente del tribunal, ideó una “filtración selectiva” del examen para familiares e hijos del cuerpo. Otras 44 personas, entre ellos 36 policías locales, esperan ya para sentarse en el banquillo de los acusados por este asunto.

Ya resulta asombroso que el Ayuntamiento no suspenda de empleo y sueldo al presunto ideólogo de la filtración (tampoco lo ha hecho con ningún otro policía implicado en el caso), pero que encima el delegado de Seguridad lo defienda públicamente, aludiendo a una supuesta campaña de imagen contra la Policía Local, huele raro. A Cabrera le ha faltado mandarle un SMS al superintendente diciéndole algo así como “Juan, sé fuerte”. García, como Bárcenas en el PP, maneja información privilegiada. Sabe quién entró, quién no, quién era hijo de quién, sobrino de tal y hermano de cual, quién no daba la talla y pasó y quién obtuvo un 9 cuando unos días antes sacó un 1 en una prueba similar en Santiponce. De momento no ha tirado de la manta, pero tampoco le han tocado el sueldo.

La defensa a ultranza del superintendente se acompaña, además, de un mensaje que ya ha sido utilizado por el sindicato mayoritario del cuerpo, el Sppme, sobre el que también se cierne la sospecha en este asunto. Pide el delegado que se deje de perjudicar la imagen de la Policía Local porque “hay sectores interesados” en dañarla. El Sppme habló de “caza de brujas” y no de campaña de imagen, pero el sentido de ambas expresiones es muy parecido. Cabrera tomó posesión de su cargo con un pin del Sppme y parece que no era sólo un gesto. Decir que informar de la petición de la Fiscalía forma parte de una campaña de imagen le perjudica mucho más a él y a su figura política que
a la propia Policía.

Lo de la campaña recuerda mucho a Manuel Ruiz de Lopera, que reñía a a los periodistas porque hacían “campañitas” contra el Betis cada vez que criticaban a algún jugador. Si alguien decía que Odonkor no daba un pase bueno, que Joao Tomás no le metía un gol ni al arco iris o que vender a Joaquín y a Oliveira el mismo año era un suicidio, Lopera saltaba rápidamente con un “me estáis exigiendo que me estáis cansando con tanta campañita contra el Betis”. Parece, por tanto, que el problema no es que casi media promoción de policías entren en el cuerpo presuntamente enchufados, sino que alguien lo cuente, lo investigue o lo persiga.