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El momento del turno rotatorio

fperez | 11 de junio de 2017 a las 8:00

EL registro de la asociación Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo brinda al Ayuntamiento de Sevilla una oportunidad única para implantar el turno rotatorio en la parada de taxis de la terminal. Esta medida supondría un paso importante para intentar solucionar de una vez el conflicto en el que está inmerso el sector desde hace más de veinte años, que se ha agravado especialmente desde el invierno pasado.

Todos los problemas del taxi de Sevilla han tenido históricamente su origen en el aeropuerto. Muchos años antes de que existiera Cabify ya había peleas entre taxistas en la terminal, se pinchaban neumáticos con cierta regularidad, se impedía a los profesionales del sector que no pertenecían a la asociación mayoritaria poder recoger a sus clientes y se lanzaban huevos y piedras contra el autobús que conecta San Pablo con la ciudad. La llegada de Cabify a Sevilla, en septiembre del año pasado, ha variado el foco y ha unido a los taxistas en contra de lo que consideran un enemigo común.

Como siempre, los primeros sabotajes y ataques a los coches de Cabify y a otras empresas de alquiler de vehículos con conductor empezaron en el aeropuerto de San Pablo, allá por el mes de diciembre. De ahí surgió la primera fase de la investigación que la Policía Nacional mantiene abierta contra los taxistas, que suma ya 30 imputados (cinco de ellos fueron detenidos) por varios delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. Luego esos ataques seguirían el mismo patrón que otras crisis históricas en el sector, se trasladarían a Santa Justa y después al resto de la ciudad, para acabar en un periodo de calma.

En el caso de las VTC, el punto culminante fue la quema de nueve coches que reforzaban el servicio de Cabify durante la Feria de Abril, un hecho sin precedentes en España y que debería haber servido a las autoridades para comprobar hasta dónde puede llegar la violencia del sector si siguen sin tomar cartas en el asunto. Unos días antes había sido herido de una pedrada en la cabeza un conductor de Cabify. Luego llegó la quema de coches y ahora, siguiendo el patrón de conducta histórico en todas las crisis del sector, la situación se ha calmado. Los taxistas demostraron su unidad en la huelga general del sector convocada el 30 de mayo, que no se notó demasiado en Sevilla por ser un día festivo, pero que dejó a la ciudad prácticamente sin taxis.

El mero hecho de que la Policía registre la sede de una asociación de taxistas y se lleve discos duros y ordenadores ya debería servir al Ayuntamiento para tomar alguna medida. Claro que el hecho de que hubiera 27 imputados en una primera fase de esta investigación también. Sin embargo, el Consistorio ni siquiera se ha planteado suspender cautelarmente la actividad de los taxistas investigados, y mucho menos retirarles la licencia municipal de la que son titulares. Ni la imputación de pertenencia a organización criminal ha hecho al Consistorio mover ficha. Es decir, la Policía considera que hay una banda de delincuentes entre los taxistas del aeropuerto, una mafia si se quiere llamar así (valga la expresión utilizada por el ex Defensor del Ciudadano, José Barranca), pero contra la que la Administración ha decidido no hacer nada de momento.

El gobierno local se ha dedicado en todo este tiempo a tratar de contemporizar y dejar pasar las semanas en busca del periodo de calma que sabía que llegaría. El delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fue director del Instituto del Taxi y conoce perfectamente cómo funciona el sector, y también a los principales actores implicados. Prueba de ello es que el presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, lo llama públicamente compadre con asiduidad. La ansiada calma ya ha llegado al aeropuerto, donde no hay ataques desde hace más de dos meses. En un intento de limpiar su imagen, la asociación mayoritaria ha fichado al conductor que ayudó a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en la Alameda. Pero la operación de la Policía Nacional lo trastoca todo.

Parece que el Ayuntamiento pretende esperar a que haya alguna condena firme en los tribunales para actuar. Merece la pena recordar que ya hay una sentencia del TSJA, y por tanto más que firme, que aconseja la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto y el Ayuntamiento. Merece también la pena recordar algunos párrafos de aquella resolución: “El Ayuntamiento tiene plena potestad para implantar ese sistema de turnos para mejorar y perfeccionar el servicio y su control”, “la medida está suficientemente motivada porque mejora la calidad del servicio en beneficio de sus usuarios, estableciendo un sistema más justo por equitativo respecto de los profesionales y favorece una distribución más equitativa respecto de paradas que resultan atractivas para éstos”, “los turnos regulan las relaciones de convivencia, indispensables para el desarrollo de la libertad de empresa y de mercado”…

Los jueces, además, añadían que si existía un conflicto era “por la deficiente organización de las paradas del taxi del aeropuerto”. La sentencia está fechada el 5 de septiembre de 2002, es decir, quince años antes de que empezara a operar en Sevilla una empresa llamada Cabify. ¿Es realmente la actividad de esta compañía, y de las que vengan después, el origen de todos los problemas de un sector que lleva más de dos décadas en pie de guerra en esta ciudad? La respuesta es obvia.

No deja de ser llamativo que esta semana, unos días después del registro de la sede de Solidaridad, el Instituto del Taxi enviara un correo electrónico a todos los taxistas de Sevilla dando cuenta de los acuerdos adoptados en una sesión plenaria del pasado mes de febrero. En aquella sesión, Ciudadanos había presentado una moción para solicitar la puesta en marcha de un sistema de turnos en el aeropuerto. La propuesta fue rechazada por todos los demás organismos, sindicatos y grupos políticos, incluido el PP, que ahora aprovecha el registro de la Policía para acusar al gobierno de Espadas de ser incapaz de acabar con los problemas del taxi. No deja de ser cierto, pero tiene guasa que lo diga un partido que estuvo cuatro años en el poder y no tomó ni una sola decisión para solucionar el conflicto.

¿Qué sentido tenía el envío de ese correo, cuatro meses después del pleno? Nadie lo ha explicado. Quizás era una manera de informar directamente a los taxistas de que ya se debatió la posibilidad de implantar el turno rotatorio y la moción fue rechazada, en una especie de excusatio non petita por parte de las autoridades municipales. El Ayuntamiento no parece dispuesto a cambiar nada, por mucho que diga que el modelo del aeropuerto de Málaga es el bueno y allí funcione un sistema de turnos.

Cualquier gobierno local que quiera tomar una decisión de este tipo debe estar dispuesto a tener problemas. Siempre los hay cuando alguien intenta acabar con un monopolio. El alcalde ha de saber que la implantación de un turno rotatorio en el aeropuerto provocará huelgas, protestas y actos de sabotaje, que posiblemente ocurran cuando más duele, es decir, en Semana Santa y Feria. Ya así lo vaticinó el presidente de Solidaridad durante un encuentro en el Ayuntamiento a principios de febrero. “El conflicto en Semana Santa será inevitable”, le dijo Filgueras al delegado Cabrera en aquella reunión. Y el Consistorio envió a un grupo de policías al aeropuerto, que se dedicaron más a comprobar si los coches con licencia VTC tenían hojas de ruta que a investigar los cobros abusivos de los taxistas y si éstos permitían trabajar a sus compañeros de abajo (como llaman en el argot a los que rinden en la ciudad y no pueden subir al aeropuerto). Sólo cuando ardieron los coches de Cabify, el Ayuntamiento reaccionó multando a cinco taxistas de San Pablo por cobros abusivos. Pero de ahí no ha pasado. Ni retirada de licencias ni medidas cautelares, ni oír hablar del turno rotatorio.

La tibieza del gobierno local contrasta con la investigación que tiene en marcha la Policía Nacional, que suma ya treinta imputados, cinco de los cuales han sido detenidos. La Policía mantiene abierta una segunda fase de la investigación, que se inició con el registro de Solidaridad. Unos días antes, la patronal de las VTC, Unauto, había enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidiéndole amparo ante los continuos episodios violentos que sufren en toda España, y especialmente en Sevilla, donde suman ya más de cincuenta denuncias por agresiones, vandalismo, amenazas y daños. Esto sí que es una novedad, puesto que cuando los ataques eran entre taxistas apenas había denuncias.

Tras conocerse esta operación policial, el alcalde, Juan Espadas, aseguró públicamente que esperaba que esta investigación sirviera para “depurar responsabilidades”. Él precisamente es quien tiene la posibilidad de hacerlo.

La Policía Local está como el Betis

fperez | 2 de septiembre de 2016 a las 5:00

EL delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, debe sentirse estos días como el director deportivo del Betis cuando se abre el plazo del mercado de fichajes. Está en un equipo con cierto renombre en el panorama nacional pero anda envuelto en un lío judicial importante y no se sabe muy bien quién manda, después de un grupo de presidentes más o menos ineptos hayan dirigido el club, junto con un par de administradores judiciales con escasa o nula idea de fútbol. Un equipo al que los jugadores de primer nivel no quieren venir y en el que, a falta de los buenos, hay que buscar entrenadores con poca experiencia y una más que discutida capacidad de mando y liderazgo.

Más o menos es lo que hay en la Policía Local de Sevilla. Una policía con muy buenos profesionales (también tiene alguno el Betis), pero que atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia y que está inmersa, no en uno, sino en varios líos judiciales con más de medio centenar de agentes imputados en tramas de corrupción. En la Policía Local tampoco se sabe muy bien quién manda, precisamente porque hay dos superintendentes y ninguno de ellos parece estar capacitado para la dirección del cuerpo. Uno porque está involucrado en el presunto amaño de las oposiciones, y el otro porque no ha conseguido poner orden en todo este caos que viene ya de largo.

Cabrera tiene ante sí dos semanas para buscar un hombre (o una mujer) que sea capaz de ganarse el respeto de una plantilla desmotivada, en la que siempre ha mandado más un sindicato como el Sppme, que aglutina al 90% del personal y que tiene a varios de sus miembros imputados en el caso de las oposiciones, que la persona que estaba al frente del cuerpo. En el haber de Cabrera se puede incluir la buena relación que tiene con este sindicato. Recuerden el pin de la solapa con el que el delegado tomó posesión del cargo y obsérvese el silencio respetuoso que el Sppme mantiene desde hace más de un año.

La cuestión es si hay algún profesional cualificado –en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, preferentemente– que quiera, por un sueldo decente pero relativamente modesto para tratarse de un alto cargo de la cuarta mayor ciudad de España, meterse en el berenjenal que hay formado a día de hoy en la Policía Local de Sevilla.

Y el alcalde tuvo que hablar de la Policía

fperez | 17 de junio de 2016 a las 5:00

EL 23 de noviembre de 2015, el pasado día de San Clemente, Juan Espadas visitó la Jefatura de la Policía Local para presidir un acto de homenaje a los dos agentes muertos en acto de servicio. Terminada la ofrenda floral, los periodistas le preguntaron por el caso más espinoso que sacude a la Policía Local, el presunto amaño de las oposiciones. El alcalde esquivó la pregunta. “Sobre este asunto no pienso hacer ninguna declaración más. A veces se hacen interpretaciones en negativo de declaraciones que van en positivo y yo estoy aquí para resolver problemas, no para generarlos”, fue la respuesta de Espadas, visiblemente molesto por las preguntas de los informadores.

Ocho meses después, el alcalde ha tenido que volver a hablar de la Policía Local. Ya lo había hecho hace poco cuando confirmó la información publicada por este periódico sobre la intención de fichar a un jefe de fuera del cuerpo. Pero hasta ayer no se había mostrado tan rotundo. Dijo lo que no es más que una evidencia, que la imagen de la Policía Local “no es en absoluto satisfactoria”, pero la afirmación tiene valor por ser él quien lo admite.

Las palabras de ayer de Espadas vienen a confirmar lo que cualquier encuesta ciudadana refleja cuando se le pregunta a los ciudadanos por la Policía Local de Sevilla. O lo que se hartó de decirle –hasta que dejó de cogerle el teléfono– el Defensor del Ciudadano, José Barranca. O lo que les dijo en la cara a los agentes municipales el delegado de Seguridad de los primeros años de Zoido, Demetrio Cabello. Barranca responsabilizó de esta mala imagen al sindicato mayoritario en la plantilla, el Sppme, del que dijo que caía en la “astracanada” cuando protestaba a lomos de un burro por la Plaza Nueva o mandaban a sus afiliados a prestar servicios con una mascarilla en la cara.

El caso de la filtración del examen de las oposiciones hundió del todo la imagen del cuerpo. Los responsables del Sppme –varios de sus miembros están entre los procesados– aseguraron entonces que había una campaña orquestada para dañar la Policía Local. Igual se piensan ahora que el alcalde se ha unido a esa gran conspiración que el mundo entero ha montado contra ellos. De ese complot, por cierto, no debe estar todavía demasiado enterado el fiscal del caso de las dietas.

Antes de la defensa que este representante del Ministerio Público hizo ayer de los policías locales acusados, hubo varios intentos de mejorar la imagen del cuerpo. El gobierno de Zoido ideó una muy buena campaña publicitaria, aquella del A tu lado. El de Espadas ha creado el canal de Emergencias Sevilla para dar cuenta a la ciudadanía de todo –absolutamente todo, incluido el rescate de un buitre con golpe de calor y otros servicios exóticos– lo que hacen los policías locales a diario.

De poco han servido estos esfuerzos. El alcalde aseguró hace ocho meses que estaba para resolver problemas. Admitir que la imagen de la Policía Local es deficiente no basta. Hacen falta medidas. Mantener en sus puestos a todos los policías imputados y/o procesados seguirá teniendo un elevado coste de imagen.

Nihil prius Sevilla

fperez | 28 de abril de 2016 a las 19:22

JOSE BARRANCA

La marcha de José Barranca es una mala noticia para la ciudad. Se va un tipo crítico, que no le costaba un duro al Ayuntamiento y que no tuvo reparos en sacarle las vergüenzas al gobierno de Juan Ignacio Zoido, el alcalde que lo nombró. Juan Espadas ha preferido dejarlo morir por inacción, no echarle cuenta, no responderle a sus peticiones y marearlo para no recibirlo durante más de dos meses. Hasta que se ha cansado. Barranca, hombre de acción (recuerda su pasado como militar de Caballería cada vez que tiene ocasión), no ha podido aguantar más la farsa a la que el gobierno local había sometido la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Con Barranca se va un ciudadano que cogía su bicicleta y se daba una vuelta por la Cartuja para reflejar una verdad como un templo: que el legado de la Expo 92 está que da asco. O se acercaba a las puertas del cementerio y recogía en sus informes que un camposanto como el de San Fernando no puede tener una entrada con unos puestos de flores horteras con coronas con los escudos del Betis y del Sevilla. O alertaba de que el paseo Juan Carlos I necesita urgentemente una reforma porque cuando no es un vertedero es un campamento de indigentes. O se iba libreta en mano a contar los treinta y tantos baches de la calle Cuna. O exponía que los ciclistas se han hecho los dueños de la avenida de la Constitución, o que hay tantos veladores en algunas calles que no se puede pasar por ellas, o tantas y tantas cosas que le hacen falta a la ciudad.

A Barranca le dieron palos desde el principio por su condición de militar. Hubo quien le llamó golpista y se ausentaba de los plenos en los que relataba las carencias de la ciudad. En su cerrazón, los partidos que lo criticaron no supieron aprovechar que, en la práctica, fue una especie de caballo de Troya del PP y que criticó con fuerza, y con argumentos, muchas de las políticas de Zoido. También atacó a la Junta, claro. Como hubiera hecho con el gobierno de Espadas si lo hubieran dejado.

Porque a Barranca se le puede acusar de que sus memorias anuales son algo desordenadas, que la escritura no es su fuerte y que a veces asume un cierto tono pregoneril cuando declama su amor por la ciudad que quizás sobre en un informe de una comisión de sugerencias. Pero lo cierto es que el hombre se ha pasado cuatro años diciendo verdades como puños. Ha sido, por ejemplo, el único representante público que ha tenido la valentía de llamar “mafia” al grupo de taxistas que siguen imponiendo su ley en el aeropuerto de San Pablo, año tras año y gobierno tras gobierno sin que ninguno haga nada. O de definir al sindicato mayoritario de la Policía Local como “un mal endémico” y como “el grupo de señores acomodados que hacen la vida imposible a la corporación”, después de que criticara abiertamente que los agentes municipales llevaran a cabo una serie de protestas estrambóticas, como la de pasearse en burro por la puerta del Ayuntamiento o realizar el trabajo con unas mascarillas puestas en la cara. “Cuando un señor de uniforme se pone una mascarilla cae en la astracanada. Difícilmente puede ejercer así la autoridad”, dijo.

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No es cuestión de hacer aquí un lapidario de Barranca porque frases como ésta pudo pronunciar más de mil a lo largo de sus cuatro años como Defensor del Ciudadano. Harían falta siete u ocho blogs bastante más activos que éste para recogerlas todas. Eso sí, a ninguna de ellas le faltó sentido y todas tuvieron una puntería acertadísima. Muchas molestaron a sus receptores, lo que supone la mejor prueba de que su trabajo estuvo bien hecho. No fue un Defensor cómodo y así lo ha demostrado hasta en su manera de irse, que ha tenido que ser por correo electrónico porque no lo han querido recibir. Sirva su lema de estos cuatro años como título de esta entrada. Recuerden: Nihil prius Sevilla.

 

El Cecop y el esplendor perdido

fperez | 22 de junio de 2015 a las 5:51

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Los cuatro años del mandato de Juan Ignacio Zoido han supuesto un profundo declive para el Centro de Coordinación Operativa (Cecop). El organismo creado tras los incidentes de la Madrugada del año 2000 ha sido despreciado una y otra vez durante los últimos cuatro años, y esto se ha traducido en una profunda crisis de una entidad que en su día dio resultados brillantes. La Semana Santa pasada reveló la inutilidad del Cecop, o al menos del Cecop actual: voluntarios de Protección Civil regulando el tráfico, dispositivos policiales mermados, calles cortadas directamente con vallas o cubos de basura, y, sobre todo, más incidentes en la Madrugada o cofradías que no podían avanzar por la bulla sin que se viera un policía en un kilómetro a la redonda. Los problemas no dieron la cara antes porque en las semanas santas anteriores llovió.

La lluvia de las ediciones anteriores le vino bien al gobierno local. Tapó las carencias del Cecop, aunque alguna vez también hizo que se revelara como un órgano incapaz para resolver los problemas. Por ejemplo, el roce entre Los Panaderos y La Lanzada en la plaza de Villasís nunca se habría producido con un Cecop fuerte, de otros tiempos. Aun así, justo es decir que alguien en el Cecop supo ver que los horarios de la Madrugada de 2015, la que estaba prevista en principio, no coincidían, lo que posteriormente evitó que los incidentes de aquella noche tuvieran unos efectos aún más graves.

El Cecop no ha sabido atajar el problema de las sillitas en Semana Santa ni el de la botellona en la Feria. Ni ha puesto orden en las miles de procesiones que se celebran cada año en Sevilla. El primer delegado de Movilidad y Seguridad de la era Zoido, Demetrio Cabello, quiso eliminar el Cecop, pero el alcalde optó por no asumir una decisión que podía revelarse como impopular. La mayor prueba de que el Cecop no le interesaba al PP lo más mínimo fue que primero nombró director a un intendente mayor de la Policía que estaba a punto de jubilarse, Ángel Rico, y cuando éste cumplió los 65 años, puso en su puesto a un voluntario de Protección Civil del Estado, Juan Francisco Lebrero, cuyo mayor mérito había sido prestarle una furgoneta a la Policía para que hicieran sus vigilancias.

El nuevo gobierno local quiere devolverle al Cecop el lustre que tuvo y para ello pretende incorporar de nuevo a un clásico: Rafael Pérez. El que fuera portavoz de la Guardia Civil de Sevilla ya dirigió este órgano durante varios años, en la última etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín. Pérez puso orden en las salidas extraordinarias. Les dijo a los hermanos mayores que, si llovía y se refugiaban en un templo, volverían el día que el Ayuntamiento dijera y no cuando cada hermandad quisiera. Les instaló GPS a los pasos y montó un equipo competente para atender cualquier posible imprevisto.

Esto no garantiza que no vaya a haber incidentes en la Semana Santa de 2016 -de hecho, con Pérez al frente del Cecop, hubo peleas a navajazos y carreritas la Madrugada de 2009-, pero es evidente que el Cecop incorpora de nuevo a un profesional cualificado y con experiencia. Sabe, además, tratar con la prensa y no ver a los periodistas como enemigos, que siempre será una ayuda a la hora de transmitir su gestión.

Lo que no está demasiado claro aún es el modelo de Policía Local que quiere el PSOE de Juan Espadas. En teoría, el director del Cecop no manda sobre la Policía, pero nadie impide que pueda ser uno de los asesores de confianza del delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera. Éste ya ha anunciado que no habrá director general de Seguridad y que llevará los asuntos de la Policía directamente, junto con el jefe del cuerpo, que tampoco está claro quién será.

En la visita que el pasado martes hizo Juan Espadas a la Jefatura de la Ranilla, quien salió a recibirlo fue el superintendente, Juan José García. No deja de ser un gesto revelador, pero tampoco hay que olvidar que es la persona de más alto rango en el cuerpo. Por el momento lo único que ha cambiado es que el director de Seguridad, José Antonio de la Rosa, ya ha pedido su vuelta a la Policía Nacional. En la Local se mantiene la bicefalia impuesta por el PP, con García como jefe ejecutivo y el intendente mayor Gabriel Nevado como jefe operativo.