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La guerra interna que desangró a la Policía

fperez | 18 de diciembre de 2016 a las 11:05

La Jefatura Superior de Policía ha sido el escenario de una guerra interna que ha agravado las carencias de personal que ya de por sí padece el cuerpo con la paulatina pérdida de agentes. La ciudad se ha quedado en varias ocasiones sin patrulleros disponibles pero no ha sido única y exclusivamente por la falta de personal, sino también por una deficiente distribución de los recursos, que se basó más en el puro enfrentamiento personal entre jefes que en las verdaderas necesidades de seguridad ciudadana.

La capital andaluza necesita ahora mismo unos 550 policías para cubrir el catálogo que Interior marca como dotación ideal. A mediados de la década pasada, entre los años 2003 y 2005, llegaron a faltar casi 800, y nunca se quedó la ciudad sin patrulleros, como sí ha ocurrido ahora. Claro que entonces había un jefe superior de una categoría extraordinaria, Antonio Bertomeu. Es cierto que hay muchas custodias hospitalarias de presos que requieren dos agentes por reo y turno. En un fin de semana reciente llegó a haber 11, lo que obligaba a tener en los hospitales a 22 policías por turno. O 66 por día, si se prefiere.

Pero este problema no es nuevo. En los hospitales sevillanos hay sólo cuatro habitaciones supuestamente habilitadas para presos (dos en San Lázaro y dos en Virgen del Rocío) y no existen módulos más grandes como tienen ciudades mucho más pequeñas y con una población reclusa muy inferior a la de Sevilla. En España hay 42 módulos de este tipo. Hospitales como los de Teruel o Alcorcón disponen de uno de ellos, pero en la capital andaluza nunca ha habido voluntad por parte de la Junta para habilitar uno. Así lo constató el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en un informe de 2015, y la propia Secretaría de Estado de Seguridad, que en un informe interno publicado por este periódico esta semana destaca la “falta de sensibilidad” y la “falta de coordinación” entre las administraciones.

Desde hace más de 25 años, la Policía tiene que realizar un enorme despliegue para poder garantizar las custodias de presos por la falta de estos módulos. Este problema ha sido endémico en Sevilla y ahora sólo ha trascendido porque faltan agentes. Pero los hospitales no son los responsables de que la unidad de la que dependen los radiopatrullas, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, haya perdido casi un centenar de policías en los últimos dos años. La Jefatura ha ido despoblando esta unidad y haciendo caso omiso de los continuos informes que emitió el jefe de la misma, alertando de que el servicio entraría en “colapso operativo” de seguir así.

Ni el jefe superior que ha dirigido la Policía Nacional en los últimos dos años, Francisco Perea, ni su segundo, Juan Francisco Alcaraz, que ahora ostenta el cargo en funciones, hicieron caso alguno de estas llamadas de alerta del jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Francisco Vidal, quien hace unos días ha sido relegado del cargo. En el fondo subyace un enfrentamiento abierto entre ellos que sólo ha terminado perjudicando a la ciudad.

Vidal llegó a Sevilla desde la Secretaría de Estado. Se le considera un hombre muy cercano al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, hasta su jubilación hace unos meses. El DAO es el máximo responsable de la Policía en España, la persona que dirige operativamente el cuerpo justo por debajo del cargo político del director general. Pino nunca mantuvo buenas relaciones con el jefe superior en Andalucía Occidental, Francisco Perea, también recientemente jubilado.

La designación de Perea, un hombre que había desarrollado prácticamente toda su carrera en despachos y embajadas, como máximo responsable de la Policía de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva fue una imposición del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ambos son personas muy religiosas y con una estrecha relación con el Opus Dei. Perea llegó a convertir el salón de actos de la Jefatura Superior en una capilla para celebrar una misa para despedirse como jefe. La misa la ofició el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y el PSOE elevó el caso al Congreso de los Diputados por celebrar un acto religioso en un edificio laico. De Fernández Díaz ya es conocida su política de condecorar con la medalla al mérito policial a imágenes religiosas, como fue el caso de la Virgen del Amor de Málaga. Pese a que ya había déficit de policías en Sevilla durante la pasada Semana Santa, nunca faltaron efectivos para escoltar las cofradías, e incluso para procesionar de gala en ellas.

Mientras tanto, las calles se iban quedando sin patrulleros. La guerra personal entre el DAO y el jefe superior se trasladó a Sevilla, donde el principal damnificado fue el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, amigo personal del DAO y con el que había trabajado en Madrid. La Jefatura fue reduciendo esta unidad, que es precisamente la que tiene que estar más poblada de toda la plantilla porque es de la que dependen los vehículos que patrullan las calles. Lo hizo por acción, convocando concursos internos para enviar agentes a otros destinos, y por omisión, no destinando a ella a ninguno de los policías recién llegados a Sevilla. Así, a los agentes que aterrizaban en la capital andaluza (todos procedentes de concursos generales de méritos porque recién salido de la Academia no ha llegado ninguno en cuatro años), la Jefatura los iba destinando a los distritos, a los grupos de Policía Judicial o a otros servicios específicos.

Vidal contactó con el DAO para frenar temporalmente la sangría de agentes que estaba sufriendo su unidad. Aquella gestión con Madrid desató la ira de la cúpula de la Jefatura de Sevilla. El jefe regional de operaciones y actual jefe superior en funciones, Juan Francisco Alcaraz, fue recriminado directamnte desde la capital de España por dejar los patrulleros reducidos al mínimo mientras que los distritos se tenían que encargar de atender las emergencias.

Desde octubre de 2015, Vidal y su equipo emitieron al menos siete informes alertando de la situación crítica que estaba sufriendo su unidad. Varios de estos documentos fueron publicados esta semana por este periódico. En ellos, el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana apuntaba que la situación de Sevilla era única en España, puesto que en otras ciudades, como Málaga, Zaragoza o Valencia, salían un mínimo de veinte coches a patrullar cuando aquí sólo había disponibles dos. También se quejaba de que, por mucho que insistiera en pedírselo, la Jefatura no le daba información sobre cuántos vehículos había disponibles los distritos.

El cambio de turno agravó el déficit en un 10%, según los informes de la Brigada. La Policía tiene ahora un nuevo sistema de turnos por el que los agentes descansan una serie de días más al año. Pero la Jefatura siguió descentralizando los efectivos, enviándolos a los distritos en vez de tener una unidad central fuerte. Como si, por ejemplo, un periódico local de Sevilla tuviera más corresponsales en Écija o en Utrera que redactores en la capital. La consecuencia directa fue el caos organizativo, que la propia Secretaría de Estado reflejó tras una inspección a la Jefatura que tuvo lugar el 2 de febrero de 2016. En ella se puso de manifiesto la nula coordinación entre los patrulleros y los distritos.

Meses después de aquello, el sábado 4 de diciembre, la ciudad se quedó sin patrulleros. Hubo momentos en que salieron a patrullar las calles policías de la lucha antiterrorista y de los grupos de investigación. Ya con el DAO y el jefe superior jubilados, y con ambos cargos en funciones, la Jefatura ha movido ficha para relevar a Vidal, al que responsabiliza de una mala gestión cuando difícilmente podía gestionar nada sin policías. Cierto es que la plaza de jefe de Seguridad Ciudadana era provisional, pero lo ha sido durante mucho tiempo y sólo ha salido a concurso cuando Vidal ya no gozaba de la protección del DAO. Que Vidal, como la mayoría de los comisarios de Sevilla, decidiera no acudir a la fastuosa comida de despedida que Perea organizó en el club de golf de Montequinto fue su sentencia.

¿Habrá sanción para uno de Asuntos Internos?

fperez | 5 de agosto de 2015 a las 5:00

Hay cierta curiosidad entre los policías de Sevilla por saber cómo se cerrará el expediente disciplinario que se le ha abierto al inspector jefe de Asuntos Internos al que le robaron un revólver reglamentario en los aparcamientos del Carrefour San Pablo. Si hubo negligencia por su parte o no en la custodia de su arma oficial es algo que el instructor del expediente tendrá que decidir estudiando la versión del policía y las distintas pruebas que se puedan reunir durante la instrucción.

Según la denuncia del inspector jefe, éste admite que suelta el bolso con el arma en el asiento trasero de su vehículo, que además deja abierto y con el motor encendido porque había un familiar (que en ningún momento se identifica en la denuncia). Se trata de un instante, el que transcurre entre dejar la compra en el maletero del coche y devolver el carro a su anclaje, pero lo cierto es que se desentiende del revólver. Unos segundos sí, pero lo suficiente para que alguien pudiera hacerse con el arma –que estaba cargada con cinco cartuchos– sin que ni él ni su familiar que estaba dentro del coche pudieran identificarlo, ni siquiera aportar una mínima descripción de su aspecto o de su ropa.

Por esta conducta, cualquier policía nacional sería sancionado con una suspensión de empleo y sueldo casi de manera inmediata. Máxime teniendo en cuenta que en Sevilla se castiga habitualmente a funcionarios de este cuerpo por cuestiones mucho más nimias, como no llevar puesta la gorra, por ejemplo. Ocurre que la Unidad de CoordinaciónOperativa Territorial (UCOT), a la que pertenece el inspector jefe, es, junto con Régimen Disciplinario, la herramienta de la Jefatura y de la Dirección General de la Policía para sancionar las faltas cometidas por el resto de agentes del cuerpo.

De ahí que sean muchos los que duden de que al final del expediente haya una sanción justa, o al menos similar a la que sufriría cualquier otro agente en su misma situación. El caso recuerda a aquel episodio de la tercera temporada de The Wire en el que desaparece la pistola de un detective y los jefes ponen a todo el departamento a buscarla, por delante incluso de la investigación de homicidios. Afortunadamente el revólver fue robado por un ladrón habitual que posiblemente ni sabría que se llevaba el bolso de un policía. Eso le convertía en el hombre más buscado de Sevilla.

Cabrera y el pin del Sppme

fperez | 17 de junio de 2015 a las 5:00

13/06/15 Investidura de Juan Espadas Alcalde de Sevilla.

La toma de posesión de Juan Carlos Cabrera como concejal del Ayuntamiento de Sevilla dejó una imagen más que curiosa. Compareció el que será delegado de Seguridad con un pin del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en la solapa. Que  más o  menos viene a ser como si Rajoy jurara su cargo como presidente del Gobierno con un alfiler de CCOO. O como si Ollero presenta a Van der Vaart delante del busto de Lopera. El gesto no deja de ser un guiño y una mano tendida a unos agentes, los representantes del sindicato mayoritario, con los que tarde o temprano se tendrá que enfrentar.

Que Cabrera se pusiera el pin del grupo con el que tendrá que negociar duro en los próximos cuatro años no es una rendición anticipada ni significa nada rebuscado. Se lo colocó porque así se lo había prometido al presidente del Sppme, Manuel Bustelo, en la pasada Feria de Abril. En la recepción del Sppme, le vio a Bustelo la insignia y le pidió una. Éste se la dio pero no sin antes soltarle que quería verlo con ella puesta si su partido gobernaba. Cabrera le dijo que así lo haría y se ve que le faltó tiempo. En su primer acto público como concejal se lo puso.

Lo hizo además en una semana en la que el sindicato había sido noticia por las quejas del Defensor del Ciudadano, José Barranca, quien ha vuelto una vez más a afear el comportamiento de los agentes municipales recordándoles sus protestas vestidos de cobradores del frac para denunciar los impagos o subidos en un pollino para criticar el mal estado de los patrulleros. A Barranca no le falta razón en denunciar las conductas de determinados policías locales y el trato que dispensan a los ciudadanos, pero hay en la Policía quien piensa que ya se está ensañando demasiado con el colectivo y que el Defensor se debería limitar a recoger las quejas ciudadanas y no a exponer sus opiniones personales.

Cabrera podía haber aprovechado la polémica y haberse guardado el pin para otro día, pero con ese pequeño gesto se ha ganado a buena parte de la tropa. Probablemente nadie se acuerde de la solapa del delegado en el momento en que se acabe el dinero de las productividades o no se paguen otros complementos, pero de momento le sirve para aterrizar con buen pie en el área más conflictiva del gobierno local. El nuevo gobierno tiene un modelo de delegación en el que desaparece la dirección general de Seguridad y, con ella, José Antonio de la Rosa, que se vuelve a la Policía Nacional. Será el delegado quien asuma directamente las tareas con el jefe de la Policía Local, que todo apunta que será el superintendente Juan José García. Así al menos se escenificó ayer en la visita del alcalde a la Ranilla, cuando fue él quien salió a recibir a Espadas a la puerta de la Jefatura.

En esa visita, el nuevo regidor se dirigió a los agentes micrófono en mano, les ordenó que no multaran a quienes rebuscan en la basura y les explicó que no tendrán que ir a más desahucios. Espadas quiere potenciar los distritos, hacer realidad la figura del policía de barrio, que todos los políticos prometen y nadie sabe muy bien en qué consiste. Por ello, apuesta por destinar cargos con cierto peso, como son los intendentes, a los distritos. Pidió colaboración, asesoramiento y que se fiaran de una “buena persona” (así definió a su delegado) y luego departió con decenas de policías y bomberos. Todo en buena sintonía. Mostró incluso su deseo de visitar la sala de control. Lástima que nadie le avisara de que, cuatro años después de inaugurarse la Jefatura, la sala aún no está terminada.