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El momento del turno rotatorio

fperez | 11 de junio de 2017 a las 8:00

EL registro de la asociación Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo brinda al Ayuntamiento de Sevilla una oportunidad única para implantar el turno rotatorio en la parada de taxis de la terminal. Esta medida supondría un paso importante para intentar solucionar de una vez el conflicto en el que está inmerso el sector desde hace más de veinte años, que se ha agravado especialmente desde el invierno pasado.

Todos los problemas del taxi de Sevilla han tenido históricamente su origen en el aeropuerto. Muchos años antes de que existiera Cabify ya había peleas entre taxistas en la terminal, se pinchaban neumáticos con cierta regularidad, se impedía a los profesionales del sector que no pertenecían a la asociación mayoritaria poder recoger a sus clientes y se lanzaban huevos y piedras contra el autobús que conecta San Pablo con la ciudad. La llegada de Cabify a Sevilla, en septiembre del año pasado, ha variado el foco y ha unido a los taxistas en contra de lo que consideran un enemigo común.

Como siempre, los primeros sabotajes y ataques a los coches de Cabify y a otras empresas de alquiler de vehículos con conductor empezaron en el aeropuerto de San Pablo, allá por el mes de diciembre. De ahí surgió la primera fase de la investigación que la Policía Nacional mantiene abierta contra los taxistas, que suma ya 30 imputados (cinco de ellos fueron detenidos) por varios delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. Luego esos ataques seguirían el mismo patrón que otras crisis históricas en el sector, se trasladarían a Santa Justa y después al resto de la ciudad, para acabar en un periodo de calma.

En el caso de las VTC, el punto culminante fue la quema de nueve coches que reforzaban el servicio de Cabify durante la Feria de Abril, un hecho sin precedentes en España y que debería haber servido a las autoridades para comprobar hasta dónde puede llegar la violencia del sector si siguen sin tomar cartas en el asunto. Unos días antes había sido herido de una pedrada en la cabeza un conductor de Cabify. Luego llegó la quema de coches y ahora, siguiendo el patrón de conducta histórico en todas las crisis del sector, la situación se ha calmado. Los taxistas demostraron su unidad en la huelga general del sector convocada el 30 de mayo, que no se notó demasiado en Sevilla por ser un día festivo, pero que dejó a la ciudad prácticamente sin taxis.

El mero hecho de que la Policía registre la sede de una asociación de taxistas y se lleve discos duros y ordenadores ya debería servir al Ayuntamiento para tomar alguna medida. Claro que el hecho de que hubiera 27 imputados en una primera fase de esta investigación también. Sin embargo, el Consistorio ni siquiera se ha planteado suspender cautelarmente la actividad de los taxistas investigados, y mucho menos retirarles la licencia municipal de la que son titulares. Ni la imputación de pertenencia a organización criminal ha hecho al Consistorio mover ficha. Es decir, la Policía considera que hay una banda de delincuentes entre los taxistas del aeropuerto, una mafia si se quiere llamar así (valga la expresión utilizada por el ex Defensor del Ciudadano, José Barranca), pero contra la que la Administración ha decidido no hacer nada de momento.

El gobierno local se ha dedicado en todo este tiempo a tratar de contemporizar y dejar pasar las semanas en busca del periodo de calma que sabía que llegaría. El delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fue director del Instituto del Taxi y conoce perfectamente cómo funciona el sector, y también a los principales actores implicados. Prueba de ello es que el presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, lo llama públicamente compadre con asiduidad. La ansiada calma ya ha llegado al aeropuerto, donde no hay ataques desde hace más de dos meses. En un intento de limpiar su imagen, la asociación mayoritaria ha fichado al conductor que ayudó a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en la Alameda. Pero la operación de la Policía Nacional lo trastoca todo.

Parece que el Ayuntamiento pretende esperar a que haya alguna condena firme en los tribunales para actuar. Merece la pena recordar que ya hay una sentencia del TSJA, y por tanto más que firme, que aconseja la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto y el Ayuntamiento. Merece también la pena recordar algunos párrafos de aquella resolución: “El Ayuntamiento tiene plena potestad para implantar ese sistema de turnos para mejorar y perfeccionar el servicio y su control”, “la medida está suficientemente motivada porque mejora la calidad del servicio en beneficio de sus usuarios, estableciendo un sistema más justo por equitativo respecto de los profesionales y favorece una distribución más equitativa respecto de paradas que resultan atractivas para éstos”, “los turnos regulan las relaciones de convivencia, indispensables para el desarrollo de la libertad de empresa y de mercado”…

Los jueces, además, añadían que si existía un conflicto era “por la deficiente organización de las paradas del taxi del aeropuerto”. La sentencia está fechada el 5 de septiembre de 2002, es decir, quince años antes de que empezara a operar en Sevilla una empresa llamada Cabify. ¿Es realmente la actividad de esta compañía, y de las que vengan después, el origen de todos los problemas de un sector que lleva más de dos décadas en pie de guerra en esta ciudad? La respuesta es obvia.

No deja de ser llamativo que esta semana, unos días después del registro de la sede de Solidaridad, el Instituto del Taxi enviara un correo electrónico a todos los taxistas de Sevilla dando cuenta de los acuerdos adoptados en una sesión plenaria del pasado mes de febrero. En aquella sesión, Ciudadanos había presentado una moción para solicitar la puesta en marcha de un sistema de turnos en el aeropuerto. La propuesta fue rechazada por todos los demás organismos, sindicatos y grupos políticos, incluido el PP, que ahora aprovecha el registro de la Policía para acusar al gobierno de Espadas de ser incapaz de acabar con los problemas del taxi. No deja de ser cierto, pero tiene guasa que lo diga un partido que estuvo cuatro años en el poder y no tomó ni una sola decisión para solucionar el conflicto.

¿Qué sentido tenía el envío de ese correo, cuatro meses después del pleno? Nadie lo ha explicado. Quizás era una manera de informar directamente a los taxistas de que ya se debatió la posibilidad de implantar el turno rotatorio y la moción fue rechazada, en una especie de excusatio non petita por parte de las autoridades municipales. El Ayuntamiento no parece dispuesto a cambiar nada, por mucho que diga que el modelo del aeropuerto de Málaga es el bueno y allí funcione un sistema de turnos.

Cualquier gobierno local que quiera tomar una decisión de este tipo debe estar dispuesto a tener problemas. Siempre los hay cuando alguien intenta acabar con un monopolio. El alcalde ha de saber que la implantación de un turno rotatorio en el aeropuerto provocará huelgas, protestas y actos de sabotaje, que posiblemente ocurran cuando más duele, es decir, en Semana Santa y Feria. Ya así lo vaticinó el presidente de Solidaridad durante un encuentro en el Ayuntamiento a principios de febrero. “El conflicto en Semana Santa será inevitable”, le dijo Filgueras al delegado Cabrera en aquella reunión. Y el Consistorio envió a un grupo de policías al aeropuerto, que se dedicaron más a comprobar si los coches con licencia VTC tenían hojas de ruta que a investigar los cobros abusivos de los taxistas y si éstos permitían trabajar a sus compañeros de abajo (como llaman en el argot a los que rinden en la ciudad y no pueden subir al aeropuerto). Sólo cuando ardieron los coches de Cabify, el Ayuntamiento reaccionó multando a cinco taxistas de San Pablo por cobros abusivos. Pero de ahí no ha pasado. Ni retirada de licencias ni medidas cautelares, ni oír hablar del turno rotatorio.

La tibieza del gobierno local contrasta con la investigación que tiene en marcha la Policía Nacional, que suma ya treinta imputados, cinco de los cuales han sido detenidos. La Policía mantiene abierta una segunda fase de la investigación, que se inició con el registro de Solidaridad. Unos días antes, la patronal de las VTC, Unauto, había enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidiéndole amparo ante los continuos episodios violentos que sufren en toda España, y especialmente en Sevilla, donde suman ya más de cincuenta denuncias por agresiones, vandalismo, amenazas y daños. Esto sí que es una novedad, puesto que cuando los ataques eran entre taxistas apenas había denuncias.

Tras conocerse esta operación policial, el alcalde, Juan Espadas, aseguró públicamente que esperaba que esta investigación sirviera para “depurar responsabilidades”. Él precisamente es quien tiene la posibilidad de hacerlo.