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Historia de una multa

fperez | 1 de agosto de 2016 a las 18:39

QUIEN esto firma no es demasiado partidario del uso de la primera persona en textos periodísticos, pero hoy se va a conceder esa licencia por tratarse de una historia vivida, o más bien sufrida, por él. Una experiencia que le ha hecho plantearse una reflexión sobre el proceso de notificación de multas del Ayuntamiento de Sevilla, y si lo que le ha pasado es fruto de un mero error puntual o si por el contrario es producto de un sistema establecido para conseguir la mayor recaudación posible. Cambiemos, pues, de estilo.

La tarde del 12 de abril, martes de Feria, aparqué el coche en la calle Marqués de Paradas. Tenía metido en la cabeza que éste era el festivo que el Ayuntamiento había establecido este año a cambio del día de San Fernando, cuando en realidad se trataba del día siguiente, el miércoles 13. Así que dejé el vehículo aparcado en un lugar regularizado con la zona azul y me marché sin pagar creyendo que por ser festivo estaba exento. Cuando regresé, obviamente, tenía la multa puesta en el parabrisas.

La notificación no llegó a mi domicilio hasta mediados de julio. En el sobre de la Agencia Tributaria me llamó la atención que había dos sellos con unas horas apuntadas con un bolígrafo azul. Eran los días en los que el cartero se había pasado por mi casa y, viendo que no había nadie en ella, se había marchado llevándose la multa. El primero de los sellos llevaba la fecha del 13 de junio de 2016 y una anotación a mano que indicaba que la visita del cartero había sido a las 10:09. El segundo había sido el día siguiente, 14 de junio, a
las 13:11. Como no se veía bien el 4 del 14 del sello, el cartero lo remarcó con el mismo bolígrafo con el que firmó y apuntó la hora.

Sabiendo que se trataba de la multa de zona azul de aquel día de Feria, abrí el sobre y miré, confiado, el plazo en el que podía pagar con la reducción del pronto pago. Mi sorpresa fue que la fecha límite era el 29 de junio de 2016. Es decir, dos semanas antes de que hubiera recibido por fin la notificación. Ninguna de las dos veces que el cartero había estado ante mi buzón había dejado papel alguno avisando de que había pasado por allí. Simplemente había apuntado fecha y hora en el sobre y se lo había vuelto a llevar consigo. Otras veces me han dejado un aviso de Correos en el que se me indica que tengo una carta del Ayuntamiento en la oficina más próxima, y que puedo recogerla en un plazo y horario que explican a continuación.

En esta ocasión, sólo hubiera podido recoger la multa en plazo para poder pagarla con la bonificación del 50% si me hubiera encontrado en mi domicilio cuando el cartero fue a llevar la carta. Después, éste dejó pasar un mes para depositar el sobre en el buzón, provocando así que sobrepasara el plazo para abonar sólo la mitad del importe de la multa.

Llegué a plantearme pagar la sanción íntegra, pensando que cualquier batalla contra la Agencia Tributaria local no sólo sería en vano sino que además implicaría la pérdida de una mañana de oficina en oficina. Decidí no hacerlo. No ya por los 70 euros que era el importe íntegro, sino porque la manera en la que había sido notificada merecía al menos una explicación. Así que fui a una de las oficinas de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y expliqué, muy sucintamente, lo que había pasado. “Buenos días, mire, he recibido una multa de zona azul, y me ha sido notificada después de que hubiera expirado el plazo para poder pagarla con la reducción por pronto pago”. No detallé más. Al funcionario no le hablé de los sellos del cartero, ni de las fechas, ni de que no había dejado ningún aviso…

“¿Tiene usted la multa ahí?”, me preguntó. Se la entregué. Introdujo unos datos en el ordenador y, acto seguido, me dijo:“Le imprimo una hoja de pago con la bonificación del 50%. Tiene usted hasta el 11 de agosto para pagarla en cualquier entidad bancaria”. Sin tener que dar más explicaciones, ni formular alegaciones ni rellenar pliegos de descargos, salí de la oficina de Hacienda con una multa de 35 euros en vez de 70, y con la sólida impresión de que no era el primero al que le notificaban tarde una multa. Salí convencido de que el sistema de notificaciones está establecido de esa forma porque, de cada cien multas, habrá un porcentaje importante de gente que, por desconocimiento o simple desgana, no vaya a reclamar. Hagan sus propios cálculos. Verán que así resulta más fácil cuadrar los presupuestos del Ayuntamiento.

Ya era hora

fperez | 29 de octubre de 2015 a las 5:00

Policía controlando a las bicis en la calle Tetuán.

Cuando uno ve a dos policías locales en mitad de la calle Tetuán parando a todo el que viene en bici desde la Campana o la Plaza Nueva, la primera frase que se le viene a la mente consta de tres palabras: ya era hora. Lo piensa uno que es ciclista y que se desplaza habitualmente en bicicleta, pero al que se le queda cara de tonto cada vez que se para en un semáforo en rojo y ve como uno tras otro de sus semejantes le adelantan por la derecha e izquierda o le miran extrañados porque no se lo salta.

Lo de respetar las normas no fue nunca con buena parte de los ciclistas sevillanos, que además se vieron respaldados por la impunidad de la que han gozado durante años. En un simple paseo por el carril bici se pueden contar decenas de infracciones de ciclistas. El que menos va escuchando música con unos auriculares. El que más va a contramano, no respeta un semáforo y se mete en la acera cada vez que se encuentra un coche de frente. Y a lo mejor hasta va whatsapeando con el móvil.

Han tenido que ocurrir varios accidentes para que la Jefatura de la Policía Local, con buen criterio, envíe a sus agentes a bajar de la bici a todo el que pase montado en ella por las calles peatonales. Dice la norma que los ciclistas han de guardar una distancia de un metro con respecto a los peatones, una máxima imposible de cumplir en el centro. Hay ciclistas que echan pie a tierra, que en ir andando de la Campana a la Plaza Nueva se tardan un par de minutos, pero hay otros que terminan haciendo esláloms para sortear a los viandantes, con el riesgo de que se pueda cruzar un niño o un anciano.

El carril bici de Sevilla es, de largo, la mejor obra que se ha hecho en la ciudad en los últimos años. Ha supuesto una revolución en la manera de desplazarse de decenas de miles de sevillanos, muchos de los cuales torcían el gesto cuando veían que les iban a quitar tres o cuatro plazas de aparcamiento en su barrio y vaticinaban que nadie iba a moverse en bici en una ciudad en la que hace tanto calor. No podían estar más equivocados.

Pero eso no da derecho a nadie a ir por el carril bici de la Ronda como si fuera por los Campos Elíseos en el sprint final del Tour de Francia. Porque hay paradas de autobús de las que se baja gente, discapacitados que usan el carril para desplazarse con menos obstáculos, cruces en los que un conductor puede no ver bien al ciclista que viene… Y a más velocidad, mayor es el golpe. Si los ciclistas, los peatones y los conductores aplicaran el sentido común, no habría que mandar a la Policía a decirle a nadie que no puede ir como Induráin en la contrarreloj de Luxemburgo por la calle Tetuán. Pero el sentido común, lamentablemente, no es algo que sobre en estos tiempos.

Consideraciones sobre el cierre del Central

fperez | 10 de marzo de 2015 a las 17:56

El cierre del café Central, uno de los bares más conocidos de la Alameda de Hércules, por parte de la Policía Local de Sevilla requiere un cierto análisis. La Policía precintó el establecimiento por exceso de aforo la noche del sábado al domingo. En el interior del bar caben 83 personas según licencia. En el momento de la inspección había 144. Cierto es que eran más de la una de la madrugada, hora a la que tiene fijado su cierre, y que el bar continuaba abierto (sus dueños aseguran que ya habían dejado de servir consumiciones), pero el incumplimiento de horarios se castiga con una multa y el motivo por el que se clausura es el exceso de personas en el interior del negocio.

Los dueños del bar afirman que fue la propia Policía la que obligó a la gente que estaba en la calle a entrar en el negocio, bajo amenaza de una multa de cien euros por hacer botellona en la calle. Cuentan que el agente que estaba al mando del dispositivo municipal rompió varios vasos arrojándolos a los pies de las personas que allí estaban, que ordenó a los trabajadores de Lipasam que utilizaran las máquinas sopladoras en la puerta del bar para molestar a la gente y forzarla a entrar y que, una vez lleno el bar, se impidió al público que saliera para hacer un recuento de personas. Esto, lógicamente, no figura en el informe policial, que se limita a exponer que había más personas de las permitidas dentro del bar, sin entrar en más detalles.

Los responsables del café Central ya han anunciado que se querellarán contra el mando policial que dirigía el dispositivo. Los empresarios aportarán una grabación de las cámaras de videovigilancia del local que, si bien no registra lo que ocurre en la puerta del mismo porque no está permitido tener equipos de filmación orientados hacia la calle, sí registra lo que pasa dentro. El vídeo recoge que el bar se llena por completo en cinco minutos, coincidiendo con la llegada de la Policía a la puerta del mismo. A continuación reproducimos tres capturas del vídeo de las cámaras de seguridad del café Central durante la inspección de la Policía.

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Esta primera imagen está capturada a la 1:26. En el bar puede haber en ese momento unas 40 personas aproximadamente. Es a la hora en la que llega la Policía a la puerta. En el vídeo se reconoce el momento porque reflejan las luces azules de los patrulleros y se ve el chaquetón amarillo de uno de los agentes en una de las ventanas.

 

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Cinco minutos después, a la 1:31, el interior del negocio está bastante lleno.

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Otros cinco minutos más tarde, a la 1:36, el local presenta esta imagen.En la zona de la puerta se aprecia bastante aglomeración de público. En los siguientes minutos el establecimiento se desaloja y la Policía entra a inspeccionar los diferentes elementos del local.

Si los agentes consideraron que quienes estaban fuera eran clientes del bar y los obligaron a entrar para luego proceder a la inspección por exceso de aforo, o si por el contrario el establecimiento se llenó en cuestión de minutos y superaba por tanto su aforo permitido tendrá que decidirlo la delegación municipal de Medio Ambiente, que ya estudia el caso y decidirá si multa o no al local. Mientras tanto, los propietarios han solicitado ya que se levante el precinto y están a la espera de la decisión municipal para poder reabrir.

A la ‘mafia’ se le multa menos

fperez | 8 de marzo de 2015 a las 18:56

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El Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto una multa de 1.380 euros a un taxista que no presentó una vida laboral actualizada ante el Instituto del Taxi. Sin ese documento, no superó la revisión anual de la licencia, y fue sorprendido por la Policía Local, que lógicamente lo denunció. La conducta debe ser sancionada como infracción que es. Más discutible es el importe de la multa. Casi 1.400 euros por no llevar un papel actualizado parece una cuantía más que desproporcionada. Máxime cuando el conductor tiene acreditadas 85 visitas al médico y tres operaciones en el plazo de un año y medio, que sin embargo, responde el Ayuntamiento, no le impidieron prestar servicio en el taxi.

Pero más desmesurada parece esta cantidad aún si se compara con las sanciones que se imponen en Sevilla por cobros abusivos. La última de la que se tiene conocimiento es de hace dos años, cuando el Instituto del Taxi impuso una multa de 700 euros a un taxista que cobró 30 euros (ocho más de lo que marca la tarifa establecida) a un cliente por una carrera entre el aeropuerto de San Pablo y el hotel Zenit, en Triana. Aquel taxista también fue castigado por insultar a la persona que lo contrató y por entregar un recibo no oficial, es decir, sin el escudo del Ayuntamiento ni la licencia troquelada. Para el Instituto del Taxi, estas conductas suponen una falta grave, mientras que la del taxista que no presentó su vida laboral en tiempo y forma es una infracción muy grave, y por tanto, se castiga con el doble de multa.

Por qué el Ayuntamiento aplica este doble rasero es una pregunta para la que quien esto escribe no tiene respuesta. Como tampoco la encuentra a la de por qué el gobierno local, sea quien sea su alcalde, no quiere acabar con el problema del taxi en el aeropuerto. En la terminal de San Pablo un grupo de conductores lleva años imponiendo un monopolio que defienden con prácticas mafiosas. Así llamo el Defensor del Ciudadano en uno de sus informes a las amenazas y coacciones que sufren los taxistas que no pertenecen a la asociación mayoritaria en el aeropuerto cuando rinden arriba, como el sector llama a la parada de la terminal aérea.

Los profesionales del sector han sufrido pinchazos en las ruedas (véase la foto), lanzamiento de huevos y pintadas en sus vehículos, además de todo tipo de insultos. Hay conductores que han decidido afiliarse a la asociación del aeródromo porque la cuota les cuesta 60 euros al mes y cambiar las ruedas rajadas les supone un coste superior a los 400 euros cada vez que van a recoger a un cliente. Los taxistas del aeropuerto (insistimos en que no son todos, sino un grupo reducido) no sólo atacan a sus compañeros de Sevilla, puesto que también impiden prestar servicio a los de otras ciudades. Incluso han apedreado alguna vez el autobús público que hace la ruta entre el centro de la ciudad y el aeropuerto.

El Consistorio tolera estas prácticas. Ni Zoido en estos cuatro años ni Monteseirín en sus tres mandatos han hecho nada por acabar con los insultos, la extorsión y las amenazas. Es cierto que se impuso una tarifa única, pero no siempre se respeta. También lo es que a veces se refuerza la presencia policial en la terminal, pero esto termina suponiendo mayores controles a la salida de la misma y no se acaba con la violencia que hay dentro. Quizás se aplaca un poco y vuelve a resurgir tiempo después.

El perjudicado de todo esto no sólo es el sector sino también la clientela y, por ende, la ciudad. Quien firma esto entrevistó una vez a una estudiante Erasmus francesa que esperaba el autobús de línea porque cada vez que volvía a Sevilla le cobraban entre 40 y 60 euros desde el aeropuerto hasta la Macarena. En otra ocasión, cubrió un accidente de tráfico con un muerto en la Cartuja, en el que chocaron dos coches y una pieza de uno de ellos impactó contra un taxi que llevaba a unos viajeros. Cuando el juez que fue a levantar el cadáver tomó declaración a los clientes como testigos del siniestro, éstos le manifestaron que habían tomado el taxi en el aeropuerto y se dirigían a la estación de Santa Justa. Iban por la avenida de Carlos III, que según Google Maps está a ocho kilómetros de la terminal ferroviaria y a catorce del aeródromo. El juez quiso abrir diligencias al taxista por estafa pero no lo hizo porque causaría un perjuicio mayor a los afectados, al tener que obligarlos a venir a Sevilla para declarar.

El Ayuntamiento y el resto de instituciones no se cansan de intentar atraer turistas a Sevilla, pero se olvidan de que la primera imagen de la ciudad que tienen los que la visitan puede ser determinante. A veces esa primera impresión es la de un taxista desaseado, que conduce un vehículo poco limpio que le da un rodeo, que le cobra más de lo que marca la tarifa o que directamente le deja a unos cuantos kilómetros de su destino final. Ya dijimos que el nombre de este blog era una especie de homenaje a quienes se jugaban la vida en la calle, pero también podría servir de advertencia para aquellos turistas incautos que pisan por primera vez el aeropuerto de San Pablo y quieren subirse a un taxi.