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El momento del turno rotatorio

fperez | 11 de junio de 2017 a las 8:00

EL registro de la asociación Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo brinda al Ayuntamiento de Sevilla una oportunidad única para implantar el turno rotatorio en la parada de taxis de la terminal. Esta medida supondría un paso importante para intentar solucionar de una vez el conflicto en el que está inmerso el sector desde hace más de veinte años, que se ha agravado especialmente desde el invierno pasado.

Todos los problemas del taxi de Sevilla han tenido históricamente su origen en el aeropuerto. Muchos años antes de que existiera Cabify ya había peleas entre taxistas en la terminal, se pinchaban neumáticos con cierta regularidad, se impedía a los profesionales del sector que no pertenecían a la asociación mayoritaria poder recoger a sus clientes y se lanzaban huevos y piedras contra el autobús que conecta San Pablo con la ciudad. La llegada de Cabify a Sevilla, en septiembre del año pasado, ha variado el foco y ha unido a los taxistas en contra de lo que consideran un enemigo común.

Como siempre, los primeros sabotajes y ataques a los coches de Cabify y a otras empresas de alquiler de vehículos con conductor empezaron en el aeropuerto de San Pablo, allá por el mes de diciembre. De ahí surgió la primera fase de la investigación que la Policía Nacional mantiene abierta contra los taxistas, que suma ya 30 imputados (cinco de ellos fueron detenidos) por varios delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. Luego esos ataques seguirían el mismo patrón que otras crisis históricas en el sector, se trasladarían a Santa Justa y después al resto de la ciudad, para acabar en un periodo de calma.

En el caso de las VTC, el punto culminante fue la quema de nueve coches que reforzaban el servicio de Cabify durante la Feria de Abril, un hecho sin precedentes en España y que debería haber servido a las autoridades para comprobar hasta dónde puede llegar la violencia del sector si siguen sin tomar cartas en el asunto. Unos días antes había sido herido de una pedrada en la cabeza un conductor de Cabify. Luego llegó la quema de coches y ahora, siguiendo el patrón de conducta histórico en todas las crisis del sector, la situación se ha calmado. Los taxistas demostraron su unidad en la huelga general del sector convocada el 30 de mayo, que no se notó demasiado en Sevilla por ser un día festivo, pero que dejó a la ciudad prácticamente sin taxis.

El mero hecho de que la Policía registre la sede de una asociación de taxistas y se lleve discos duros y ordenadores ya debería servir al Ayuntamiento para tomar alguna medida. Claro que el hecho de que hubiera 27 imputados en una primera fase de esta investigación también. Sin embargo, el Consistorio ni siquiera se ha planteado suspender cautelarmente la actividad de los taxistas investigados, y mucho menos retirarles la licencia municipal de la que son titulares. Ni la imputación de pertenencia a organización criminal ha hecho al Consistorio mover ficha. Es decir, la Policía considera que hay una banda de delincuentes entre los taxistas del aeropuerto, una mafia si se quiere llamar así (valga la expresión utilizada por el ex Defensor del Ciudadano, José Barranca), pero contra la que la Administración ha decidido no hacer nada de momento.

El gobierno local se ha dedicado en todo este tiempo a tratar de contemporizar y dejar pasar las semanas en busca del periodo de calma que sabía que llegaría. El delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fue director del Instituto del Taxi y conoce perfectamente cómo funciona el sector, y también a los principales actores implicados. Prueba de ello es que el presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, lo llama públicamente compadre con asiduidad. La ansiada calma ya ha llegado al aeropuerto, donde no hay ataques desde hace más de dos meses. En un intento de limpiar su imagen, la asociación mayoritaria ha fichado al conductor que ayudó a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en la Alameda. Pero la operación de la Policía Nacional lo trastoca todo.

Parece que el Ayuntamiento pretende esperar a que haya alguna condena firme en los tribunales para actuar. Merece la pena recordar que ya hay una sentencia del TSJA, y por tanto más que firme, que aconseja la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto y el Ayuntamiento. Merece también la pena recordar algunos párrafos de aquella resolución: “El Ayuntamiento tiene plena potestad para implantar ese sistema de turnos para mejorar y perfeccionar el servicio y su control”, “la medida está suficientemente motivada porque mejora la calidad del servicio en beneficio de sus usuarios, estableciendo un sistema más justo por equitativo respecto de los profesionales y favorece una distribución más equitativa respecto de paradas que resultan atractivas para éstos”, “los turnos regulan las relaciones de convivencia, indispensables para el desarrollo de la libertad de empresa y de mercado”…

Los jueces, además, añadían que si existía un conflicto era “por la deficiente organización de las paradas del taxi del aeropuerto”. La sentencia está fechada el 5 de septiembre de 2002, es decir, quince años antes de que empezara a operar en Sevilla una empresa llamada Cabify. ¿Es realmente la actividad de esta compañía, y de las que vengan después, el origen de todos los problemas de un sector que lleva más de dos décadas en pie de guerra en esta ciudad? La respuesta es obvia.

No deja de ser llamativo que esta semana, unos días después del registro de la sede de Solidaridad, el Instituto del Taxi enviara un correo electrónico a todos los taxistas de Sevilla dando cuenta de los acuerdos adoptados en una sesión plenaria del pasado mes de febrero. En aquella sesión, Ciudadanos había presentado una moción para solicitar la puesta en marcha de un sistema de turnos en el aeropuerto. La propuesta fue rechazada por todos los demás organismos, sindicatos y grupos políticos, incluido el PP, que ahora aprovecha el registro de la Policía para acusar al gobierno de Espadas de ser incapaz de acabar con los problemas del taxi. No deja de ser cierto, pero tiene guasa que lo diga un partido que estuvo cuatro años en el poder y no tomó ni una sola decisión para solucionar el conflicto.

¿Qué sentido tenía el envío de ese correo, cuatro meses después del pleno? Nadie lo ha explicado. Quizás era una manera de informar directamente a los taxistas de que ya se debatió la posibilidad de implantar el turno rotatorio y la moción fue rechazada, en una especie de excusatio non petita por parte de las autoridades municipales. El Ayuntamiento no parece dispuesto a cambiar nada, por mucho que diga que el modelo del aeropuerto de Málaga es el bueno y allí funcione un sistema de turnos.

Cualquier gobierno local que quiera tomar una decisión de este tipo debe estar dispuesto a tener problemas. Siempre los hay cuando alguien intenta acabar con un monopolio. El alcalde ha de saber que la implantación de un turno rotatorio en el aeropuerto provocará huelgas, protestas y actos de sabotaje, que posiblemente ocurran cuando más duele, es decir, en Semana Santa y Feria. Ya así lo vaticinó el presidente de Solidaridad durante un encuentro en el Ayuntamiento a principios de febrero. “El conflicto en Semana Santa será inevitable”, le dijo Filgueras al delegado Cabrera en aquella reunión. Y el Consistorio envió a un grupo de policías al aeropuerto, que se dedicaron más a comprobar si los coches con licencia VTC tenían hojas de ruta que a investigar los cobros abusivos de los taxistas y si éstos permitían trabajar a sus compañeros de abajo (como llaman en el argot a los que rinden en la ciudad y no pueden subir al aeropuerto). Sólo cuando ardieron los coches de Cabify, el Ayuntamiento reaccionó multando a cinco taxistas de San Pablo por cobros abusivos. Pero de ahí no ha pasado. Ni retirada de licencias ni medidas cautelares, ni oír hablar del turno rotatorio.

La tibieza del gobierno local contrasta con la investigación que tiene en marcha la Policía Nacional, que suma ya treinta imputados, cinco de los cuales han sido detenidos. La Policía mantiene abierta una segunda fase de la investigación, que se inició con el registro de Solidaridad. Unos días antes, la patronal de las VTC, Unauto, había enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidiéndole amparo ante los continuos episodios violentos que sufren en toda España, y especialmente en Sevilla, donde suman ya más de cincuenta denuncias por agresiones, vandalismo, amenazas y daños. Esto sí que es una novedad, puesto que cuando los ataques eran entre taxistas apenas había denuncias.

Tras conocerse esta operación policial, el alcalde, Juan Espadas, aseguró públicamente que esperaba que esta investigación sirviera para “depurar responsabilidades”. Él precisamente es quien tiene la posibilidad de hacerlo.

Nihil prius Sevilla

fperez | 28 de abril de 2016 a las 19:22

JOSE BARRANCA

La marcha de José Barranca es una mala noticia para la ciudad. Se va un tipo crítico, que no le costaba un duro al Ayuntamiento y que no tuvo reparos en sacarle las vergüenzas al gobierno de Juan Ignacio Zoido, el alcalde que lo nombró. Juan Espadas ha preferido dejarlo morir por inacción, no echarle cuenta, no responderle a sus peticiones y marearlo para no recibirlo durante más de dos meses. Hasta que se ha cansado. Barranca, hombre de acción (recuerda su pasado como militar de Caballería cada vez que tiene ocasión), no ha podido aguantar más la farsa a la que el gobierno local había sometido la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Con Barranca se va un ciudadano que cogía su bicicleta y se daba una vuelta por la Cartuja para reflejar una verdad como un templo: que el legado de la Expo 92 está que da asco. O se acercaba a las puertas del cementerio y recogía en sus informes que un camposanto como el de San Fernando no puede tener una entrada con unos puestos de flores horteras con coronas con los escudos del Betis y del Sevilla. O alertaba de que el paseo Juan Carlos I necesita urgentemente una reforma porque cuando no es un vertedero es un campamento de indigentes. O se iba libreta en mano a contar los treinta y tantos baches de la calle Cuna. O exponía que los ciclistas se han hecho los dueños de la avenida de la Constitución, o que hay tantos veladores en algunas calles que no se puede pasar por ellas, o tantas y tantas cosas que le hacen falta a la ciudad.

A Barranca le dieron palos desde el principio por su condición de militar. Hubo quien le llamó golpista y se ausentaba de los plenos en los que relataba las carencias de la ciudad. En su cerrazón, los partidos que lo criticaron no supieron aprovechar que, en la práctica, fue una especie de caballo de Troya del PP y que criticó con fuerza, y con argumentos, muchas de las políticas de Zoido. También atacó a la Junta, claro. Como hubiera hecho con el gobierno de Espadas si lo hubieran dejado.

Porque a Barranca se le puede acusar de que sus memorias anuales son algo desordenadas, que la escritura no es su fuerte y que a veces asume un cierto tono pregoneril cuando declama su amor por la ciudad que quizás sobre en un informe de una comisión de sugerencias. Pero lo cierto es que el hombre se ha pasado cuatro años diciendo verdades como puños. Ha sido, por ejemplo, el único representante público que ha tenido la valentía de llamar “mafia” al grupo de taxistas que siguen imponiendo su ley en el aeropuerto de San Pablo, año tras año y gobierno tras gobierno sin que ninguno haga nada. O de definir al sindicato mayoritario de la Policía Local como “un mal endémico” y como “el grupo de señores acomodados que hacen la vida imposible a la corporación”, después de que criticara abiertamente que los agentes municipales llevaran a cabo una serie de protestas estrambóticas, como la de pasearse en burro por la puerta del Ayuntamiento o realizar el trabajo con unas mascarillas puestas en la cara. “Cuando un señor de uniforme se pone una mascarilla cae en la astracanada. Difícilmente puede ejercer así la autoridad”, dijo.

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No es cuestión de hacer aquí un lapidario de Barranca porque frases como ésta pudo pronunciar más de mil a lo largo de sus cuatro años como Defensor del Ciudadano. Harían falta siete u ocho blogs bastante más activos que éste para recogerlas todas. Eso sí, a ninguna de ellas le faltó sentido y todas tuvieron una puntería acertadísima. Muchas molestaron a sus receptores, lo que supone la mejor prueba de que su trabajo estuvo bien hecho. No fue un Defensor cómodo y así lo ha demostrado hasta en su manera de irse, que ha tenido que ser por correo electrónico porque no lo han querido recibir. Sirva su lema de estos cuatro años como título de esta entrada. Recuerden: Nihil prius Sevilla.

 

A la ‘mafia’ se le multa menos

fperez | 8 de marzo de 2015 a las 18:56

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El Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto una multa de 1.380 euros a un taxista que no presentó una vida laboral actualizada ante el Instituto del Taxi. Sin ese documento, no superó la revisión anual de la licencia, y fue sorprendido por la Policía Local, que lógicamente lo denunció. La conducta debe ser sancionada como infracción que es. Más discutible es el importe de la multa. Casi 1.400 euros por no llevar un papel actualizado parece una cuantía más que desproporcionada. Máxime cuando el conductor tiene acreditadas 85 visitas al médico y tres operaciones en el plazo de un año y medio, que sin embargo, responde el Ayuntamiento, no le impidieron prestar servicio en el taxi.

Pero más desmesurada parece esta cantidad aún si se compara con las sanciones que se imponen en Sevilla por cobros abusivos. La última de la que se tiene conocimiento es de hace dos años, cuando el Instituto del Taxi impuso una multa de 700 euros a un taxista que cobró 30 euros (ocho más de lo que marca la tarifa establecida) a un cliente por una carrera entre el aeropuerto de San Pablo y el hotel Zenit, en Triana. Aquel taxista también fue castigado por insultar a la persona que lo contrató y por entregar un recibo no oficial, es decir, sin el escudo del Ayuntamiento ni la licencia troquelada. Para el Instituto del Taxi, estas conductas suponen una falta grave, mientras que la del taxista que no presentó su vida laboral en tiempo y forma es una infracción muy grave, y por tanto, se castiga con el doble de multa.

Por qué el Ayuntamiento aplica este doble rasero es una pregunta para la que quien esto escribe no tiene respuesta. Como tampoco la encuentra a la de por qué el gobierno local, sea quien sea su alcalde, no quiere acabar con el problema del taxi en el aeropuerto. En la terminal de San Pablo un grupo de conductores lleva años imponiendo un monopolio que defienden con prácticas mafiosas. Así llamo el Defensor del Ciudadano en uno de sus informes a las amenazas y coacciones que sufren los taxistas que no pertenecen a la asociación mayoritaria en el aeropuerto cuando rinden arriba, como el sector llama a la parada de la terminal aérea.

Los profesionales del sector han sufrido pinchazos en las ruedas (véase la foto), lanzamiento de huevos y pintadas en sus vehículos, además de todo tipo de insultos. Hay conductores que han decidido afiliarse a la asociación del aeródromo porque la cuota les cuesta 60 euros al mes y cambiar las ruedas rajadas les supone un coste superior a los 400 euros cada vez que van a recoger a un cliente. Los taxistas del aeropuerto (insistimos en que no son todos, sino un grupo reducido) no sólo atacan a sus compañeros de Sevilla, puesto que también impiden prestar servicio a los de otras ciudades. Incluso han apedreado alguna vez el autobús público que hace la ruta entre el centro de la ciudad y el aeropuerto.

El Consistorio tolera estas prácticas. Ni Zoido en estos cuatro años ni Monteseirín en sus tres mandatos han hecho nada por acabar con los insultos, la extorsión y las amenazas. Es cierto que se impuso una tarifa única, pero no siempre se respeta. También lo es que a veces se refuerza la presencia policial en la terminal, pero esto termina suponiendo mayores controles a la salida de la misma y no se acaba con la violencia que hay dentro. Quizás se aplaca un poco y vuelve a resurgir tiempo después.

El perjudicado de todo esto no sólo es el sector sino también la clientela y, por ende, la ciudad. Quien firma esto entrevistó una vez a una estudiante Erasmus francesa que esperaba el autobús de línea porque cada vez que volvía a Sevilla le cobraban entre 40 y 60 euros desde el aeropuerto hasta la Macarena. En otra ocasión, cubrió un accidente de tráfico con un muerto en la Cartuja, en el que chocaron dos coches y una pieza de uno de ellos impactó contra un taxi que llevaba a unos viajeros. Cuando el juez que fue a levantar el cadáver tomó declaración a los clientes como testigos del siniestro, éstos le manifestaron que habían tomado el taxi en el aeropuerto y se dirigían a la estación de Santa Justa. Iban por la avenida de Carlos III, que según Google Maps está a ocho kilómetros de la terminal ferroviaria y a catorce del aeródromo. El juez quiso abrir diligencias al taxista por estafa pero no lo hizo porque causaría un perjuicio mayor a los afectados, al tener que obligarlos a venir a Sevilla para declarar.

El Ayuntamiento y el resto de instituciones no se cansan de intentar atraer turistas a Sevilla, pero se olvidan de que la primera imagen de la ciudad que tienen los que la visitan puede ser determinante. A veces esa primera impresión es la de un taxista desaseado, que conduce un vehículo poco limpio que le da un rodeo, que le cobra más de lo que marca la tarifa o que directamente le deja a unos cuantos kilómetros de su destino final. Ya dijimos que el nombre de este blog era una especie de homenaje a quienes se jugaban la vida en la calle, pero también podría servir de advertencia para aquellos turistas incautos que pisan por primera vez el aeropuerto de San Pablo y quieren subirse a un taxi.