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¿Refundación?

Blas Fernández | 28 de septiembre de 2011 a las 7:20

Teddy Bautista, a comienzos del pasado mes de agosto, abandona la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez. / EFE

Con una investigación judicial en curso por el supuesto desvío de fondos realizado a través de su entramado de empresas, y con una reforma electoral pendiente, destinada a ampliar el censo de votantes que elige a su Junta Directiva –en la actualidad sólo tiene derecho a hacerlo alrededor del 8% de sus afiliados–, la Sociedad General de Autores y Editores, hoy en el centro de la tormenta, pero entre la sospecha y la evidencia de actuaciones irregulares desde hace al menos una década, parece por fin convencida, si no obligada, de la necesidad de llevar a cabo una refundación que devuelva a la entidad de gestión de derechos el prestigio perdido –dilapidado con arrogancia, para ser más exactos– y reubique con claridad los límites de su función. Una tarea, a todas luces, harto dificultosa.

Refundación es un término repetido durante los últimos días una y otra vez por los socios de la entidad, tanto por quienes desde hace tiempo se han mostrado críticos con la gestión del ya expresidente del consejo de dirección de la SGAE, un Eduardo Bautista cuyo cargo se antojaba vitalicio, como por quienes hasta hace bien poco se cobijaban tras su larga sombra.

En esa operación de lavado de imagen, según definición de Santiago Moncada, presidente en funciones hasta las elecciones del próximo mes de enero, se mantiene un interés primordial por desligar la defensa del derecho de autor de los avatares que atraviesa la SGAE, al tiempo que se alude de manera constante a una suerte de oscura conspiración de “poderes fácticos y no fácticos”, según percepción compartida entre otros por el cantante Miguel Ríos, para explicar una presunta campaña de acoso y derribo contra ambos, el derecho de autor y la propia SGAE.

Sin embargo, Ríos y los demás se olvidan, o han tardado demasiado en reconocer, que de facto ha sido la SGAE el poder que ha configurado a su medida –cuando no a la medida de los intereses de las multinacionales de la industria de contenidos– normativas tan impopulares y ajenas a la realidad tecnológica como la Ley Sinde; el mismo poder que impuso un canon arbitrario, declarado por la Unión Europea no conforme a su legislación, o que en su desmesurado afán recaudatorio dio pie a un largo rosario de situaciones difícilmente asumibles –cobros reiterados en representaciones y conciertos benéficos, sangrías gota a gota al pequeño comercio, etcétera– o simplemente incomprensibles –el singular sistema de reparto entre los socios de lo recaudado en concepto de comunicación pública, tendente al prorrateo entre quienes copan las listas de ventas en lugar de a la identificación real de los propietarios de los derechos–.

Todo eso –a lo postre lo que ha conformado la pésima imagen pública de la entidad, y no los poderes fácticos– es parte de lo que debiera de quedar a un lado si lo que se pretende es una refundación real y no un mero lavado de imagen. Parte, sí, pero no lo único.

Auténtico caballo de batalla de nuestros días, es el control en la explotación de los contenidos que fluyen por la red lo que hoy define el terreno donde se juega esta partida. Y no es una partida fácil. Muchas de sus reglas aún están por hacer, pero si algo demuestra la tozuda realidad es la perfecta inutilidad de las medidas que, impulsadas por el lobby de los derechos de autor –¿hace falta recordar que la industria de Hollywood recauda más fuera que dentro de Estados Unidos?, ¿que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una extensión de dos décadas en el copyright de las grabaciones musicales?–, vienen dadas por decreto. Éstas no sólo no funcionan, sino que además, como resulta palpable, erosionan la percepción pública de quienes pretenden imponerlas.

Ángeles González-Sinde, ministra con fecha de caducidad, quizás la figura más impopular del gobierno Zapatero, aún se ufana de una ley que ella no dictó, pero que adoptó su apellido (estos lodos vienen, al menos, del mandato de Carmen Calvo y atravesaron tal cual, vía Embajada de Estados Unidos, el periodo con César Antonio Molina al frente de Cultura). “En el futuro se verá como algo positivo que habrá permitido resolver muchas inquietudes de hoy, una ley que va a permitir el desarrollo de ese nuevo modelo de negocio que es fundamental para la Cultura”, declaraba la semana pasada en un aventurado ejercicio de futurología.

No parece probable que el tiempo le dé la razón. Bien al contrario, se intuye que dicho desarrollo sólo será posible, y finalmente rentable a largo plazo para los profesionales de la creación, con la adecuación del derecho de autor a la época en que vivimos y a la tecnología que la define. Sin una auténtica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que concilie intereses haciéndose cargo de la realidad circundante, ésa donde no se puede interferir la circulación de los bits sin coartar de paso derechos fundamentales; sin un reconocimiento de las diferentes sensibilidades en el uso de la red, indiscutible motor de desarrollo económico pero también ágora para el libre intercambio de conocimientos; sin una racionalización de los plazos en la protección de los derechos que no ponga trabas ortopédicas al dominio público; sin la naturalización de prácticas de uso común en internet, incluido el copyleft en sus múltiples variantes, y sin una oferta de contenidos atractiva y ajustada sólo se podrá, si acaso, crear el espejismo de un nuevo modelo de negocio. La realidad, por su parte, seguirá presumiblemente otro camino.

No faltan en la Sociedad General de Autores y Editores voces conscientes de estos asuntos. Otra cuestión es que vayan a ser escuchadas en medio de la algarabía por escándalos como el de la red de centros escénicos Arteria –ese tinglado, como lo definió el propio Moncada, que la entidad se apresura ahora a desmontar– o la sospecha de fraude electoral en, al menos, los últimos comicios.

Para refundar la SGAE, para afrontar la descomunal tarea de limpiar su imagen, hará falta además un espíritu de autocrítica del que la entidad ha estado desposeída durante el largo mandato de Eduardo Bautistahombre proclive a la descalificación categórica, a la innecesaria prepotencia, a la permanente manifestación de fuerza–, un ánimo en absoluto incompatible con la defensa de los derechos que sus asociados consideren oportunos.

Pero sobre todo hará falta dejar meridiana constancia, sin sombra de duda alguna, de que una vez derivadas las responsabilidades penales por el investigado desvío de fondos y la sospecha de fraude electoral, si las hubiere, nadie sale impune.

Todavía hay que dejar actuar a la Justicia, confiar en la lenta pero implacable maquinaria judicial y, por una vez, no caer en el fatalismo del que hacen gala incluso algunos socios de la SGAE. Pregúntenle, quizás también debiera hacerlo el juez que instruye el caso,  a José María Sanz, Loquillo, antaño integrante de una candidatura crítica con Bautista, quien el pasado jueves en Radio Nacional de España declaraba convencido que “Teddy no va a ir a la cárcel. Sus contactos están por encima del poder. Y si canta, imagínate…”.

  • JesúsRG

    En la tierra de los eufemismos.

    Refundación. Lo mismo pasa con el Capitalismo.

    Cuando algo no funciona pero hay mucha gente viviendo de lo mismo no pensamos en eliminarlo, que sería lo lógico (Astilleros, el citado Capitalismo, la SGAE…),si no que lo “Refundamos”. Es decir, seguimos manteniéndolo vivo para que sus paniaguados miembros, que suelen tener mucho poder sobre la chusma, no monten en colera y dejen a los voceros de los mercados (políticos) con las verguenzas al aire.

    Y lo mejor es que hay gente que lo lee y se tranquiliza.

    ¡Qué gran país!

  • uno de aqui

    Pero que REFUNDACION, ni ocho cuartos !!!!! El que la hace la paga,al trullo con ellos, y a devolver lo que han trincao. Si esto se hiciera con estos y otros muchos, otro gallo nos cantaria, y no estariamos como estamos. Al trullo….!!!!! y no venir con refundaciones y zarandajas.

  • losmierdas

    la malla informativa tejida alrededor del mundo en los últimos veinte años ha modificado decisivamente la estructura de difusión del conocimiento en todas sus facetas, sin que la industria cultural y sus agentes hayan demostrado una mínima capacidad de adaptación a una realidad objetiva que les sobrepasa…
    es el momento de reforzar el concepto de Dominio Público, como la herramienta decisiva para facilitar el acceso universal a la cultura en todas sus manifestaciones y mejorar sustancialmente el progreso humano (asimismo en todos sus aspectos)…
    que dejen de utilizar como coartada la remuneración a los autores, que pueden encontrar cauces suficientes para vivir adecuadamente de su trabajo, como ocurre en tantas facetas de la creación humana

    y que SGAE y sus vicisitudes (una anécdota al cabo), se conviertan pronto en un mal sueño diluído por el progreso